El reparto del trabajo ha cobrado gran interés social porque los niveles de paro

en los países industriales son insostenibles.
 
 

El tema fue planteado hace algunos años por el grupo socialista en el Parlamento Europeo, por el ministro del gobierno socialista francés e incluso por Michel Rocard, pero ha ganado actualidad porque era uno de los compromisos fundamentales del acuerdo entre socialistas, comunistas y ecologistas que llevo a la victoria electoral de la izquierda en Francia y también por haber sido uno de los elementos exigidos por Refundación Comunista al Gobierno Italiano de El Olivo para apoyar en el parlamento los presupuestos.

El hecho de que en CC.OO. hayamos comenzado a hablar de un tema como este, a pesar de que en nuestro 6º Congreso no se aceptara una enmienda que al respecto hacia el Sector Crítico y el escepticismo que muestra algún importante dirigente de nuestro sindicato respecto a la capacidad para crear empleo de la reducción de jornada, viene a reflejar el grado de actualidad que tiene este tema en toda Europa.
 
 

La actualidad de la reducción de jornada tiene una razón de fondo: el paro afecta a 18 millones de personas en la Unión Europea, cifra similar a la que se registró en los peores momentos de la pasada recesión de 1993, y no se ve por ninguna parte como reducir esta cifra.
 
 
 

Las causas de estos elevados niveles de paro son:

 

• Se ha producido una reducción drástica de los ritmos de crecimiento : la Unión Europea, por ejemplo, ha pasado de un crecimiento anual del 4.8 % en el periodo de 1960 a 1973 a un 2 % desde ese año hasta ahora. Dados los aumentos de la productividad, el menor crecimiento económico se ha traducido en una generación insuficiente de puestos de trabajo.

• El aumento del paro es una consecuencia de la política económica neoliberal, hegemónica desde el principio de la década de 1980. La gravedad actual del problema se produce también como consecuencia de la necesidad de cumplir las condiciones de convergencia de Maastrich, que implica una política económica fuertemente recesiva.

• Los elevados niveles de paro son también una consecuencia de los fuertes aumentos de la productividad que se han producido en las últimas décadas. La economía española puede servir como ejemplo. Desde 1975 a 1996 , el PIB se ha multiplicado por 2.3, mientras que el empleo total se ha reducido en 268.000 personas. Esto significa que en 1996 sólo eran necesarios 61 trabajador@ s para producir el equivalente a lo que producían 100 en 1975. Dicho de otra forma la jornada de trabajo necesaria para producir el mismo producto con el mismo empleo debería haberse reducido de 40 h. semanales (1975) a 24h y 24m en 1996.

Ante esta situación las propuestas de reparto del empleo han sido muy variadas.
 
 
 
 
 

Propuestas más significativas desde el punto de vista político son :

 

• Las propuestas de la derecha económica y de los Gobiernos no van en el sentido de repartir el trabajo para que se cree empleo, sino en el de repartir la masa de salarios entre los trabajador@ s ocupados y los parados. Este es el sentido de las propuestas de empleo a tiempo parcial, de los pactos para crear empleo, de las propuestas de reducción de salarios y jornada, etc

• La propuesta de M. Rocard ante el Parlamento Europeo en 1996 tiene un contenido diferente. Se trataría de establecer un sistema voluntario de reducción de jornada a 32h. (un 20%), incentivado mediante reducción de cotizaciones sociales a las empresas (1 euro menos por h.) que se acojan al mismo y financiado con un aumento de las cotizaciones (4 euros más por h.) de aquellas otras empresas que sobrepasen las 32 h.. Todo ello sin reducir los salarios ni incrementar los costes laborales. Sin embargo los incentivos parecen muy reducidos y si se aumentan se pondría en peligro la Seguridad Social. No parece este el camino más conveniente.

• Las propuestas de la socialdemocracia (Ramón Jauregui en el 34 Congreso del PSOE) no van en la dirección de la reducción de jornada, sino de flexibilizar el empleo y repartir los salarios. Se trata de evitar que el reparto de trabajo incremente los costes empresariales, por lo que proponen limitar las horas extraordinarias, fomentar el trabajo a tiempo parcial, flexibilizar la jornada, etc. Todo esto negociado entre empresarios y sindicatos y nunca una reducción de jornada impuesta por ley.

• Junto a las anteriores, hay otra serie de propuestas cuyo eje central es la reducción de jornada sin reducción de salarios. En este grupo hay que situar la enmienda que presentamos el Sector Crítico en el 6º Congreso, las propuestas que Izquierda Unida viene haciendo hace ya algunos años, la que han hecho Refundación Comunista en Italia y el PCF en Francia.

EJES CENTRALES DE NUESTRA PROPUESTA DE REPARTO DE TRABAJO
 
 

• Reducción de la jornada máxima legal a 35 h. semanales sin reducción de salario, en progresiva disminución hasta el año 2000 y como a posteriores y más ambiciosas reducciones, tal como la propuesta de la CES de llegar a 32 h. semanales.
• Supresión de las horas extraordinarias, excepto las de "fuerza mayor". Ninguna medida de reducción de la jornada puede tener un efecto real mientras que los empresarios tengan libertad casi absoluta para que los trabajadores realicemos horas extraordinarias. La posibilidad actual de cambiar horas extraordinarias por tiempo de descanso supone, en la práctica, una jornada absolutamente flexible en la medida en que no existe un tope y en que dicho cambio puede realizarse en los cuatro meses siguientes a la realización de las horas extras. De la misma forma, hay que eliminar las ampliaciones de jornada encubiertas con primas de productividad, un práctica que parece tener cierta amplitud en estos momentos.

• Contrato de Solidaridad, todo trabajador o trabajadora mayor de 60 años que reúna las condiciones generales exigidas para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación de la Seguridad Social, a excepción de la edad, podrá optar voluntariamente por una reducción del 50% de la jornada y del salario hasta la edad de jubilación. El 50% restante pasará a percibirse de la Seguridad Social como si el trabajador hubiese cumplido los 65 años. A efectos de la pensión final, las cotizaciones efectuadas durante el período de jubilación parcial se computarán incrementadas al 100% de su cuantía para determinar la base reguladora de la pensión correspondiente a los 65 años. Simultáneamente y de modo obligatorio, la empresa concertará un contrato de trabajo con un trabajador/a en situación de desempleo, cuya jornada será, al menos, por ese 50% de reducción y por el tiempo que falte para que el primero de los trabajadores alcance la edad legal de jubilación.

Manteniéndose la actual jornada y teniendo en cuenta el avance de la productividad, para eliminar el paro sería preciso un crecimiento del PIB que no es posible alcanzar en las condiciones económicas presentes ni es sostenible ecológicamente. Por tanto, la reducción de la jornada se impone como una respuesta histórica al avance económico y como una necesidad social para afrontar el nivel abrumador de desempleo. La jornada de 35 horas es insuficiente para atender ambas necesidades y no cierra el desfase acumulado entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el tiempo de trabajo, pero debe ser un primer paso para iniciar un proceso continuo en el que los incrementos de productividad deben traducirse prioritariamente en reducciones de la jornada laboral.
 
 

La reducción a 35 horas, para que tenga efectos inmediatos y futuros sobre el empleo, ha de tener carácter general, por lo que debe instrumentarse mediante la aprobación de un ley, y ha de trasladarse de un modo automático a todos los trabajadores cuya jornada normal es inferior a las 40 horas legales de la actualidad. La fórmula de la progresividad hasta el año 2.000, solamente pretende limar las objeciones patronales, otorgando un período flexible y suficientemente amplio para acomodar la actividad de las empresas a la nueva jornada.
 
 

Sin perjuicio de que CC.OO. debe trabajar coordinadamente con otros sindicatos europeos en el marco de la CES por la reducción de la jornada, los argumentos de que un país no puede avanzar aisladamente de este objetivo, dad la internacionalización de las economías, hay que rechazarlos por varios motivos: en nuestro país se trabajan más horas anuales que en otros de la Unión Europea y en nuestro país la dramática situación del paro no tiene parangón con ningún otro, con una tasa doble que la media europea.
 
 

La cuestión de cómo ha de reflejarse en los salarios la reducción de la jornada ha de quedar marginada en la propuesta de las 35 horas. Durante los últimos años se ha producido una pérdida de poder adquisitivo de los salarios y un crecimiento acusado de los beneficios. Esto es, las empresas tienen en estos momentos márgenes sobrados para absorber una importante reducción de la jornada, sin contar con que esa reducción irá acompañada de un incremento de la productividad por hora trabajada. Por otra parte, la situación económica exige una evolución más favorable de los salarios. El retroceso prolongado en los últimos años ha debilitado el consumo, lo que está ahogando la recuperación y repercutiendo negativamente en el crecimiento económico, y, por tanto, en el empleo.
 
 
 
 

TREINTA Y CINCO HORAS … Y ALGO MÁS

Cuando el líder de una formación política de izquierdas española habló hace algunos años de reparto del trabajo y de reducción de jornada laboral, no tardaron en tacharle de loco, iluminado e irresponsable. Al unísono, economistas neutrales-desideologizados-de-reconocido-prestigio, políticos y empresarios, coincidían en que nuestras empresas no podrían competir con las del exterior y llevarían al país a la ruina ; que, encerrado en su particular Parque Jurásico, el citado político no se había enterado del muy reciente fenómeno de la globalización de la economía. Y lo hacían como aportando un argumento novedoso ante una situación nueva. No es tan nueva la canción. Martín Seco, en su libro "La farsa neoliberal" (Temas de hoy, 1995) nos recuerda, citando a Bertran Russell ("Libertad y organización") y a J.L. y Barbara Hammond ("The town labourer"), como en la Inglaterra del siglo XIX, Owen propuso la prohibición de emplear en las fábricas a los niños menores de diez años y que la jornada máxima diaria en las mismas fuera de doce horas para los menores de dieciocho años (es decir para los comprendidos entre diez y diecisiete años). La oposición a tal medida rugió con idénticas razones que las que se aducen ahora : "…tales medidas darían ventaja a la industria extranjera y harían imposible que las empresas inglesas compitieran en el mercado internacional." Así de nueva es la mundialización de la economía (apenas el 5% del dinero que se mueve en el mundo responde a intercambio de bienes y servicios, el 95% restante es consecuencia de movimientos financieros, casi siempre especulativos).

Ahora que se debate la reducción de la jornada laboral a treinta y cinco horas semanales, quienes se oponen lo hacen con el mismo viejo razonamiento del siglo XIX. Y eso que la propuesta de reducción es timorata respecto a la formulada por el norteamericano Jeremy Rifkin, que, en entrevista publicada en un periódico de tirada estatal en noviembre pasado, la cifraba en 25/30 horas semanales para paliar la salvaje acumulación de riqueza, a la que aportaba el dato de que "…trescientas cincuenta y seis acumulan una riqueza combinada equivalente a la que reúnen dos mil millones de personas" (sí, sí, dos mil millones). Quizá éste sea el motivo de la negativa, mantener la situación muy ventajosa para unos y en constante deterioro para otros.

Ante esta realidad no cabe únicamente la perplejidad y la reacción airada de salón. La necesidad de acometer soluciones que combatan esa tremenda e injusta desigualdad es obvia, urgente e ineludible. Y en campo del llamado mercado laboral se pueden orientar, al menos, a tres aspectos : reducir la jornada laboral, eliminar las horas extraordinarias y rebajar la edad de jubilación.

La reducción de la jornada laboral coincide con una reivindicación recurrente de los sindicatos, como medida de generación de empleo, reivindicación que debe fomentarse sin mercadear para conseguirla con reducción de salarios después del espectacular aumento de la productividad por trabajador, que se obtiene de la aplicación de nuevas tecnologías (lo que en 1960 se producía con cien trabajadores, se produce ahora con sólo veinticinco). El ofrecimiento o aceptación de esa disminución salarial conllevaría renunciar a mantener o a aumentar el actual desequilibrio de la distribución de la riqueza, que afectaría, no sólo al salario directo, sino también a la protección ante el desempleo, la enfermedad, la invalidez y la jubilación, ésta última ya rebajada de forma cuantiosa por el Parlamento tras el acuerdo con los sindicatos que siguió al Pacto de Toledo.

Parte importante de la izquierda europea (franceses e italianos) ya ha llegado a un acuerdo sobre la reducción paulatina a treinta y cinco horas semanales en el horizonte del año 2002, y es de suponer, nada han dicho en contra, que cuentan con el apoyo de los sindicatos, apoyo que aquí debería darse en dirección al mismo objetivo. La necesaria conjunción de la izquierda social y política ha de llevar al Parlamento la propuesta. Dejar esta cuestión a la negociación colectiva empresa a empresa como propone el señor Aznar, significaría que tan sólo se podría conseguir en determinados sectores y empresas donde la presencia sindical es fuerte, pero excluiría a cuantiosos sectores que reúnen multitud de trabajadores donde el poder contractual de los sindicatos es mínimo o inexistente (en 1997 los trabajadores acogidos a negociación colectiva son dos millones menos que en1992).

Otra de las cuestiones que lastran la creación de empleo es las presión de los empresarios para la realización de horas extraordinarias, bajo la espada de Damocles de la temporalidad de la contratación y el escaso salario. En la situación de desempleo actual (cerca del 20%), no se puede aceptar un mínimo de horas extraordinarias ni diarias, ni semanales, ni mensuales ni anuales. Del incalculable número que se realizan, se detecta la necesidad estructural de creación de puestos de trabajo que no afloran, sólo cabe deducir que las empresas pretenden sostener el llamado "ejército de reserva" (parados) para presionar a la baja los salarios. Entre los trabajadores habrá que discutir y resolver la cuestión.

Finalmente, la edad de jubilación. Sabido es que, en general, está fijada a los sesenta y cinco años, como sabido es que el Pacto de Toledo, en su recomendación décima, aconseja facilitar la prolongación voluntaria de la vida laboral de quienes libremente así lo deseen. Ante la reducción de la cuantía de las pensiones que el propio Pacto contiene, muchos se verán obligados a desearlo libremente, pese a que se su decisión no ayudará a mantener la salud financiera de un sistema de pensiones que ni padecía ni padece enfermedad alguna de este tipo, ni favorecerá el acceso de jóvenes a su primer empleo.

La ley de acompañamiento a los presupuestos de 1997, ya fija esta posibilidad para la totalidad de funcionarios públicos. Es de esperar que nadie favorable a la creación de empleo y a una mayor calidad de vida apoye al Gobierno para su inclusión en el Estatuto de la Función Pública. Sólo esta cuestión sería suficiente para combatirlo.

La derecha y sus representantes políticos pondrán, seguro, como obstáculo para frenar estas medidas, a la Unión Europea, pero lo cierto es que los caminos hacia la unidad europea pueden elegirse, y es inadmisible que para la clase trabajadora se ha marcado la senda del sacrificio continuo de la desregulación, la precarización y la desprotección basadas en las decisiones de unas estructuras que adolecen de democracia, que separan la economía del ámbito del debate político y las decisiones monetarias de sus representantes electos. Y a cambio, largas y largas a las propuestas de medidas de fomento del empleo, como en la última cumbre de Amsterdam, que no pueden darse sin contemplar un justo reparto de la riqueza, generada por el trabajo. Por no hablar de la falta de voluntad de poner sobre el tapete cuestiones como la convergencia real de las economías, la armonización de la fiscalidad y la carta social, y su aplicación en todos los países que busquen una Europa social y no una Europa contra natura. La Europa a la que se debe aspirar no ha de ser la Europa dual de ricos y pobres, sino una Europa de solidaridad y equilibrio social y económico. Italia y Francia han marcado el inicio del camino, sigamos su ejemplo.

No nos resignemos al fatal diagnóstico del final de la historia.
 
 

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