REBELION EN LAS AULAS.- Los rectores insisten. Si en el curso pasado levantaron la voz enfrentándose a la Administración, en este vuelven a la carga. En todos los actos de apertura del año académico tienen previsto leer un manifiesto en el que exponen cuáles son las necesidades que tiene la universidad española con vistas al futuro. Las líneas básicas de este documento pasan por una modificación de la Ley de Reforma Universitaria (LRU); pasa por un pacto entre las administraciones autonómicas y central que garantice la calidad de las instituciones de estudios superiores; y pasa por el aumento de la financiación de las universidades españolas, «las peor financiadas de la Unión Europea, si exceptuamos a Grecia». Pero los responsables de la Administración hacen su contrarréplica y señalan que los asuntos que vuelven a plantear los rectores están resueltos o van por buen camino.
 
 

Los rectores de las universidades españolas tienen pocas ocasiones para mostrar su unidad, pero cuando se unen contra un enemigo son implacables. Esperanza Aguirre vuelve a ser el blanco de sus protestas. Ya el año pasado le pidieron a la ministra de Educación y Cultura que resolviera el problema económico de la universidad y que tomara cartas en el asunto del excesivo número de asignaturas que tenían los estudiantes. Este año le dicen a la ministra que las soluciones pasan por algo más que las tomadas con carácter temporal o con unos simples parches porque cada año que pasa las cifras negativas se acumulan.

Le recuerdan que las universidades españolas son las peor financiadas de la Unión Europea a excepción de Grecia y le piden un pacto entre el Estado central y las comunidades autónomas que garantice la calidad y la competitividad de los centros de enseñanza superior. Le echan en cara que después de dos años y medio de legislatura su departamento no ha dado a conocer cuál es la política universitaria a seguir.

Pero los responsables del Ministerio de Educación no se quedan callados y hablan de objetivos cumplidos. En declaraciones a EL MUNDO, Manuel Jesús González, secretario de Estado de Universidades, afirma que, de los cuatro grandes asuntos en los que se resume la protesta de los rectores (asignaturas, doctorado, familias numerosas y modificación de la LRU), «tres están resueltos y el cuarto -la LRU-, que está pendiente, se está llevando por buen camino».

Manuel Jesús González habla de que hace escasos meses que se llegó a un acuerdo básico con los rectores sobre la futura LRU. «Seis meses no es nada cuando estamos hablando de una ley orgánica que necesita contar con mayoría en el Parlameto. En la actualidad se están cerrando flecos importantes con nuestros socios parlamentarios», afirma.

Y mientras llegan las soluciones y los acuerdos cristalizan, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha impulsado un trabajo para intentar realizar un diagnóstico exhaustivo del actual estado de la enseñanza superior en nuestro país que amenaza con mostrar las vergüenzas más íntimas de la universidad española.

Inspirado en el Informe Dearing (análisis realizado en el Reino Unido como tirón de orejas a la máxima institución académica), la versión española del trabajo corre a cargo de Josep María Bricall, presidente de los rectores europeos y ex rector de la Universidad de Barcelona.

Antes de que acabe el presente curso, el Informe Bricall será llevado al parlamento para que los políticos faciliten las soluciones a los problemas más acuciantes.

«La sociedad ha de entender que la Universidad es una institución fundamental en el desarrollo», dijo ayer Saturnino de la Plaza, presidente de la CRUE, quien anunció que el trabajo será «un análisis amplio» y reclamó una «mayor implicación» de todos para mejorar la enseñanza superior.

Profesorado.- El pasado curso, Ministerio de Educación y rectores pactaron la modificación del Título V de la Ley de Reforma Universitaria (el referido al profesorado). Aquel plan ha quedado hecho añicos, según el presidente de la CRUE, por la «falta de transparencia y lentitud» del Gobierno a la hora de plasmarlo. «La CRUE participó, pero pasados seis meses estábamos sin noticias, este hecho ha ocasionado que nos desvinculemos del texto que suscribimos, nos apartamos de un documento en el que no se han dado pasos adelante», dijo. Los rectores consideran «urgente» la reforma del Título V de la LRU y abogan por un profesorado «estable, contratado y más profesionalizado». De la Plaza mostró su criterio «favorable» a la creación de las nuevas figuras de profesores contratados y no permanentes que se recogían en el borrador inicial. Actualmente hay más de 20.000 docentes asociados o ayudantes que carecen de contrato estable. Arreglar su situación supondría invertir alrededor de 20.000 millones de pesetas más.

Financiación.- El presidente de la CRUE reclamó ayer que el Parlamento fije un marco de «mínimos» en los que se mueva la financiación de la universidad y así se prevengan las desmesuradas diferencias que pueden darse entre los distintos modelos autonómicos. Saturnino de la Plaza denunció que mientras el gasto por universitario en los países de la OCDE es de 8.000 dólares de media, en España es de 4.000. Es decir, la mitad. Según los rectores, nuestro país está muy lejos del 1,5% del PIB que destina de media el resto de la UE. La inyección económica que se necesita es estimada por la CRUE en unos 400.000 millones de pesetas.

Planes de estudio.- Los planes de estudio han sufrido cinco modificaciones en los últimos 10 años. El pasado curso se aprobó la reforma de los actuales. El nuevo diseño prevé una concepción más práctica del crédito y la imposibilidad de cursar más de seis asignaturas a la vez. El problema es que este año sólo un 10% de los planes de estudio se ha adaptado al nuevo marco legal y ha sido homologado por el Consejo de Universidades. El plazo para que todos (unos 1.700) entren en vigor concluye en el año 2000, algo que será «muy difícil» según los rectores.

DOCUMENTO DE LOS RECTORES

Una propuesta para la protesta

Al comienzo del curso 1997-1998, los rectores de las universidades españolas señalamos algunas circunstancias que suscitaban una preocupación generalizada en la comunidad universitaria. Un año después, se ha avanzado en algunas de las cuestiones entonces planteadas, como la reforma de los planes de estudio y del tercer ciclo, aunque con un retraso que ha provocado que, en el curso que inauguramos, sólo el 10% del total de los planes existentes en las universidades han podido beneficiarse del nuevo marco legislativo.

Pese a estos avances, continúa sin conocerse oficialmente cuál es la política universitaria del Ministerio de Educación y Cultura. La falta de definición ministerial, tras casi dos años y medio de legislatura, sigue generando incertidumbre y dificultando la racional programación de la actividad de las universidades.

En su discurso con motivo de la apertura del curso académico 1997-1998, en la Universidad de Córdoba, la señora ministra de Educación y Cultura ofreció a las fuerzas políticas y sociales un Pacto de Modernización Universitaria. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, con la voluntad de poder contribuir a este pacto, ha promovido la realización de un estudio sobre la situación actual y las perspectivas de futuro de la enseñanza superior, para el que esperamos contar con el patrocinio y participación del Parlamento, como garantía de representación de la voluntad popular, elemento imprescindible en el diseño y acuerdo de políticas de Estado de largo alcance.

Pero esta iniciativa no puede hacer olvidar los graves perjuicios que está ocasionando la lentitud y poca transparencia con que parece tramitarse la modificación del Título V de la LRU, ni la necesidad de prever la financiación adecuada para la aplicación de la reforma. Sin esta financiación no se hará sino agravar un problema que desde hace años está afectando muy negativamente al desarrollo de la actividad universitaria.

Las universidades españolas, las peor financiadas de la Unión Europea si exceptuamos a Grecia, precisan del establecimiento de un marco estatal de mínimos que, fruto del pacto entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas, garantice la calidad y competitividad de nuestras instituciones en el contexto internacional y equipare su financiación con las de nuestro entorno.

La cantidad a compensar a las universidades por los menores ingresos que les viene ocasionando la nueva definición de familia numerosa alcanzará este curso del orden de los 32.000 millones de pesetas -frente a los sólo 7.000 millones aprobados este año y que todavía no han comenzado a distribuirse- agudizando aún más la situación.

En cuanto a la coordinación del sistema universitario español es necesario encontrar, de manera urgente, fórmulas que permitan conseguir una satisfactoria relación entre los aspectos académicos y político-económicos en el seno del Consejo de Universidades. La ausencia de rigor académico en algunos de los nuevos proyectos universitarios que se han sometido a la consideración del Consejo, tal como se ha señalado por la Comisión Académica en sus informes preceptivos, debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de garantizar la calidad del servicio público de la educación superior universitaria.

Este documento ha sido elaborado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para su inclusión, si así se desea, en los discursos de apertura de curso.