La Federación de Enseñanza presenta 13 propuestas para el consenso
 
 

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO., Fernando Lezcano, en rueda de prensa celebrada esta mañana, ha denunciado el secretismo con que el Ministerio de Educación ha elaborado sus propuestas en torno al anteproyecto de la Ley de Universidades. El sindicato exige un cambio radical en el estilo de trabajo de los responsables ministeriales y les pide que abra un debate, con las pertinentes consultas y negociaciones que, según reclamó Fernando Lezcano, deben culminar en un amplio consenso para la elaboración de la Ley de Universidades.

Lezcano critica al Ministerio por no haber consultado a los rectores de las universidades y convocar a los consejeros de Educación de las comunidades autónomas sólo en la víspera de la reunión del Pleno del Consejo de Universidades del pasado día 19, en el que la ministra Pilar del Castillo presentó el anteproyecto de ley. También reprochó al Ministerio que haya ignorado las recomendaciones del Informe Bricall presentado a las Cortes hace tan sólo dos meses.

Las principales objeciones que CC.OO. plantea al anteproyecto de Ley de Universidades es la ausencia de referencias a la financiación universitaria, y concretamente de una ley de financiación, y el intento de secuestrar la autonomía universitaria, introduciendo mecanismos de control político por parte de la Administración en el gobierno de las universidades. Asimismo muestra su inquietud por el proyecto de crear nuevas figuras contractuales que, a juicio de Lezcano, puede contribuir a incrementar la precariedad laboral que en este momento afecta ya al 49% de la plantilla.

En cuanto a la iniciativa ministerial de suprimir las pruebas de selectividad, el máximo responsable de la Federación, subrayó que CC.OO. no se ha dejado engañar por lo que calificó de "efectos propagandísticos" de la medida. El Ministerio pretende suprimir la selectividad a cambio de implantar dos nuevos filtros: la reválida y las pruebas de selección a las que cada universidad someterá a los estudiantes que deseen acceder a ellas. Además, CC.OO. alega que esta medida atenta contra el Distrito Único, ya que la ausencia de homogeneidad de las pruebas de selección supondrá el establecimiento de grados de calidad diferenciados.

CC.OO. ha presentado 13 propuestas suficientemente maduradas con el objetivo de procurar un acuerdo amplio. Se trata de referentes o puntos genéricos concebidos para un probable consenso que el sindicato piensa trasladar a todos los ámbitos, desde los rectores hasta el movimiento estudiantil pasando por el resto de las organizaciones sindicales y grupos políticos. Finalmente, estas propuestas se presentarían a la Administración educativa.

Las propuestas constan de tres bloques: la financiación de las universidades, con el objetivo de alcanzar la convergencia del gasto universitario con el de los países de la UE (el Gobierno español invierte medio punto menos del PIB en universidades e investigación que sus homólogos europeos ); garantizar la autonomía y el gobierno democrático de los centros universitarios y configurar una carrera profesional tanto para el profesorado como para el Personal de Administración y Servicios, sector éste que representa un tercio de la plantilla de todas las universidades (alrededor de 25.000 personas) y que para CC.OO. es "el gran olvidado" de la reforma.

Acerca de este último bloque, Lezcano apostó por una selección del profesorado que permita perfilar una carrera profesional encaminada hacia una mayor cualificación y en la que haya un "razonable equilibrio" entre docencia e investigación.

El secretario de Universidad de la Federación de Enseñanza, Francisco Espadas, pidió la convocatoria inmediata de la Mesa sectorial de Universidad para analizar el anteproyecto. Espadas expresó sus dudas sobre la intención del Ministerio de mantener la figura del profesor ayudante y advirtió del peligro de que se eternice la actual eventualidad laboral. El sindicato quiere que las figuras contractualeas tengan la categoría de funcionarios.

Para el responsable de Política Universitaria del sindicato, Josep Ferrer, otro de los puntos de discrepancia con el anteproyecto es la propuesta de habilitación del profesorado realizada por el Ministerio. Según el borrador ministerial ésta constará de dos fases: una preselección, que correría a cargo de expertos externos, y una segunda en la que intervendrían las universidades que elegirían al candidato más adecuado a sus objetivos y necesidades. Ferrer matizó que este proceso de habilitación docente tiene que asegurar el equilibrio entre el respeto a la autonomía universitaria y las garantías en la selección, como ya se recoge en el Informe Bricall.

Según Ferrer el Ministerio ha tergiversado la propuesta que figura en este informe, puesto que en el anteproyecto se transforma la primera fase de selección en una prueba única y centralizada y, según Ferrer, "se establece una extraordinaria concentración de poder en un solo tribunal", algo que, en su opinión, propiciará el resurgimiento de lo que calificó de "mafias de profesorado". Este tribunal único preseleccionará un número de candidatos igual al de plazas a cubrir, por lo que la capacidad de elección de las universidades será nula.

Por lo que respecta al gobierno de la universidad, Ferrer se preguntó por las competencias de que dispondrá el rector que, según el borrador ministerial, será elegido por sufragio universal, lo que para CC.OO. puede suponer la implantación de un sistema de carácter presidencialista frente al actual sistema de elección por parte de los claustros de los centros por el que aboga el sindicato siempre que se evite la tentación de corporativismo. En este sentido, observó que alguna razón habrá para que ninguna universidad del mundo haya optado por este procedimiento de elección del rector.

Por último, se preguntó con preocupación por las competencias con las que el Ministerio piensa dotar al Consejo Social o la Comisión Mixta.
 
 

Secretaría de información
 

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