Madrid, 2-3 de octubre de 1998
El análisis de los dos años de actuación del Gobierno del PP en materia de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (I+D), refleja una situación contradictoria entre los continuos mensajes de cambios estructurales en la gestión y saltos espectaculares en la financiación, y la realidad de una parálisis casi total en la toma de decisiones que afectan al sistema.
Los cambios introducidos en la estructura de gestión del sistema público de I+D- creación de la Oficina de Ciencia y Tecnología (OCYT) y reforma de la CICYT, comité de coordinación interOPIs, etc-, han frenado de hecho la dinámica diaria del Plan Nacional de I+D (PNID) y postponen hasta el año 2000 la ejecución del nuevo Plan Nacional que integraría todas las competencias en I+D. De hecho, la OCYT, cuya finalidad principal es la coordinación interministerial e interautonómica de las políticas públicas de I+D, ha emprendido una fuga hacia adelante mientras los principales ministerios con competencias en I+D (Educación, MINER y Defensa) se desmarcan en el día a día de la gestión. Por otro lado, el comité de coordinación de los OPIs se ha mostrado inoperante e incapaz de tomar cualquier decisión de fondo - estatuto de personal, LOFAGE, etc.-, por la misma dinámica autárquica de los distintos ministerios.
La Secretaría de Estado de Universidades e Investigación (SEUI), sometida a un proceso de pérdida de perfil político, se refugia en la defensa a ultranza de la gestión como propios de los fondos del PNID, poniendo en peligro los tímidos avances de coordinación del IIIPNID (que incluye los fondos de Sanidad, Agricultura, etc.). Por otra parte, se enfrenta de forma directa a la comunidad universitaria, bloqueando las modificaciones de la LRU y obstaculizando la actividad de la principal comunidad científica española.
La coordinación entre CC.AA. está también paralizada ante la falta de un acuerdo político que haga creíble la actividad del Consejo General de Ciencia y Tecnología, instrumento que la Ley de Ciencia proponía para esta coordinación. El otro Organismo de participación previsto en la Ley, el Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología, destinado a recoger las demandas de los agentes sociales, languidece mientras su presidente, el Ministro de Industria, hace dejación explícita de sus funciones.
En cuanto al tema presupuestario, el supuesto crecimiento espectacular de la Función 54 (Investigación científica y Desarrollo Tecnológico) en los últimos dos años, se basa en los créditos concedidos para la construcción del Avión Europeo de Combate (EFA), el Carro y la Fragata de Combate F-100, a empresas públicas y privadas. Si la imputación como gastos de I+D de la participación del Ministerio de Defensa en los proyectos europeos correspondientes- a los cuales se han destinado más de 160.000 MPta. en los últimos 10 años-, era cuestionable por su escasísimo contenido en investigación, la asignación de los gastos de construcción de aviones, carros y fragatas, entra en abierta y total contradicción con los Manuales de Frascati y de Oslo, y su inclusión en la Función 54 sólo se justifica por la necesidad de "maquillar" los presupuestos de I+D y acercarnos a la tan lejana media europea del 2% del PIB. Sin embargo, y en un enorme esfuerzo de "contabilidad creativa", estos créditos -que en 1998 significaron el 36% del presupuesto total de la función 54 y que aumentarán progresivamente hasta el año 2005-, no se asignan a Defensa sino a Industria para esconder la evidencia de que Defensa se constituye en el primer Ministerio inversor, con el 52% del total de recursos de I+D en 1998 -lejos del 24% de Educación y del 15% del MINER. Por otro lado, dichos créditos se incluyen en el capítulo 8 (Activos financieros) de forma que no aumenten el déficit. En resumen, y excluyendo esta pirueta presupuestaria, los fondos destinados a I+D por el Estado siguen congelados en el 0.24% del PIB, cifra inferior al 0.26% con que comenzaba su andadura el PNID en 1988. La rémora de los proyectos militares, por otra parte, significará en el año 2000, casi 600.000 MPta. a consolidar en el déficit público.
La congelación de las plantillas de los Centros Públicos de Investigación (OPIs y Universidades), unida a la precarización creciente del empleo del sector, constituye el mayor condicionante y riesgo para el futuro del sistema de I+D. Sector Público sobre el cual se basa una parte esencial de la capacidad tecnológica del país y que ha demostrado su valía en el contexto internacional.
El otro protagonista del sistema, el sector empresarial, ha demostrado, tanto en épocas recesivas como en las expansivas, y en particular en el último ciclo, que la variable tecnológica no supone una variable estratégica en su modelo económico. Todos los informes coinciden en la caída continua y sostenida, tanto de los recursos humanos como económicos destinados por el sector empresarial a actividades de I+D. El proceso de privatización de empresas públicas, que eran tanto por tamaño como por vocación innovadora el motor dinamizador de la I+D en distintos sectores industriales tan relevantes como la energía, transporte, comunicaciones, etc., se ha traducido en una fuerte contracción del gasto y de la capacidad operativa de estas empresas.
Sin embargo, a la hora de plantearse su política de I+D, el PP se centra en las críticas al sector público de la investigación, forzando a una política de rentabilidad inmediata de los grupos de investigación, sujetos no al desarrollo de planes sectoriales estratégicos sino a la pura presión de la demanda individual de las empresas. Pero también las evaluaciones coinciden en que el rendimiento del sector público, medido por los parámetros internacionales comúnmente aceptados, es superior a la media de los países de nuestro entorno. Por tanto, este sector necesita claramente un período de consolidación y crecimiento de grupos, que estabilicen la masa crítica necesaria para mantenerlos operativos.
En este contexto, y a pesar de los reiterados informes técnicos sobre la inoperancia del sector empresarial, el "programa no escrito" del PP sigue apostando porque sean los grandes lobbies industriales privados, con relaciones privilegiadas con el poder, los que definan la demanda tecnológica para el conjunto del país. El liderazgo asumido por COTEC está asociado a esta política.
Un ejemplo de la incoherencia del modelo es el sector energético: disponiendo el sector público de una empresa líder como ENDESA, el desarrollo del Protocolo Eléctrico se ha traducido en el desmantelamiento de la política de investigación conjunta del sector, tras la desaparición de los fondos OCIDE. Para sustituirlo, se propone un Plan de Investigación Energética con fondos públicos con unos ridículos 1900 MPta. frente a los 7000 MPta anuales del último programa OCIDE. Las demandas sociales en Áreas como Salud Laboral, Medio Ambiente o Energías Renovables se ven en cambio bloqueadas.
La paralización del sistema supone de hecho el desmantelamiento progresivo de la Ley de Ciencia, desnaturalizando su principal instrumento, el Plan Nacional de I+D y las reglas del juego respecto a evaluación, seguimiento y control de los proyectos y fondos asignados a los mismos, sin el preceptivo debate parlamentario y social.
CC.OO sigue defendiendo, como desde el principio de los debates en torno a la Ley de Ciencia, la planificación democrática y la responsabilidad social del científico como elementos claves de un sistema científico que responda a las demandas sociales y se traduzca en la mejor articulación social y territorial de nuestro país. Este planteamiento choca frontalmente con las políticas de mercantilización y privatización del conocimiento científico, con el despilfarro de fondos públicos derivados de la falta de coordinación interministerial e interterritorial y con el protagonismo creciente de los fondos para Defensa en detrimento de los objetivos ligados a la demanda social (Educación, Vivienda, Salud, Medio Ambiente, etc.).
Esta no es sólo una declaración de principios, sino que ha sido nuestra práctica sindical en el seguimiento, año tras año, de la evolución del sistema de I+D. Hemos opinado e intervenido en los debates sobre la Ley de Ciencia, debatimos sobre las carencias básicas del Plan nacional desde su mismo inicio, detectamos las contradicciones entre los objetivos de las políticas económicas, industrial y tecnológica, hemos analizado e intervenido en el diseño de los sistemas regionales de I+D, debatimos el impacto del cambio tecnológico sobre el mercado de trabajo y las condiciones laborales, apostamos por una modernización tecnológica respetuosa con el medio ambiente.
Con este bagaje, seguimos exigiendo las demandas que pensamos esenciales para construir una cultura científica y tecnológica que impregne al conjunto de la sociedad:
Potenciación de la transferencia de conocimientos y tecnología al tejido productivo y social, ordenada en base al desarrollo de los distintos sectores (en vez de sobre pactos individuales), y con la corresponsabilidad del sector empresarial en cuanto a la creación de infraestructura de investigación, evitando asímismo la apropiación privada de los resultados obtenidos en el sistema público.
Coordinación eficaz de las políticas de los distintas administraciones -central, autonómica.
Planificación de la investigación en torno a políticas públicas de creación de infraestructuras y servicios sociales (transporte, educación, salud, medio ambiente, vivienda, etc.)
Políticas presupuestarias plurianuales, con compromisos de inversión que integren el conjunto de los recursos destinados a I+D.
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