LOS RECTORES DENUNCIAN LA POLITICA DEL M.E.C. EN LOS ACTOS DE APERTURA DE CURSO.

Como en el curso pasado, los Rectores han coordinado sus discursos de apertura de curso para denunciar que, si bien "se ha avanzado en algunas de las cuestiones entonces planteadas" (aunque con excesivo retraso), "continúa sin conocerse oficialmente cuál es la política universitaria del MEC". Al respecto recuerdan que hace un año la ministra "ofreció a las fuerzas políticas y sociales un Pacto de Modernización Universitaria" del que nada ha vuelto a saberse.

En particular, destacan "la lentitud y falta de transparencia con que parece tramitarse la modificación del título V de la LRU". Recordemos al respecto que el pasado mes de julio la CRUE se desvinculó de su acuerdo con la ministra de Nov’97, y muy especialmente de lo relativo a composición de tribunales de oposiciones.

Igualmente denuncian que las Universidades españolas son "las peor financiadas de la UE si exceptuamos a Grecia". En particular, insisten en "la necesidad de prever la financiación adecuada para la aplicación de la reforma" de la LRU, y de "compensar por los menores ingresos que les viene ocasionando la nueva definición de familia numerosa" (32.000 millones acumulados, frente a los 7.000 aprobados y aún no distribuidos).

Finalmente, y refiriéndose probablemente a la Universidad Católica de Avila, llaman la atención sobre la "ausencia de rigor académico en algunos de los nuevos proyectos universitarios" y a la "necesidad de garantizar la calidad" de la educación universitaria.

Con la participación de 23 ponentes y más de 150 asistentes se celebraron las "1ª Jornadas sobre I+D" organizadas por la Federación de Enseñanza de CCOO, con la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid y de la Fundación 1º de Mayo, tal como anunciábamos en la anterior hoja.

Los optimistas anuncios en la apertura por parte del Director de la OCYT, Fernando Aldana, fueron contestados por otros ponentes que denunciaron la paralización de la gestión del actual Plan Nacional, la falta de coordinación entre los ministerios implicados y con las CCAA, y el estancamiento del gasto en menos del 0,8% del PIB (por debajo de la mitad de la media europea, y de nuestros niveles de principios de década), del cual más de la mitad destinado a armamento.

Hubo unanimidad en señalar como uno de los principales déficits la inhibición del sector empresarial (máxime tras la privatización de las empresas públicas que más contribuían en este aspecto), mientras que todos los indicadores confirman que el sector público sí que ha respondido con creces a las exigencias. En este contexto resulta paradójico que el gobierno pretenda otorgar a la demanda privada el liderazgo y la orientación de las actividades de I+D, mientras el sector público sigue maniatado por la congelación y precarización de plantillas, la parálisis en la modificación de la LRU y en la elaboración del Estatuto del Personal Investigador, la exigencia de rentabilidad inmediata a grupos todavía en proceso de consolidación, etc.

Por otra parte, hay que destacar los interesantes debates sobre la responsabilidad social del científico, y sobre los modelos de transferencia de conocimiento y tecnología al entorno productivo y social.