Uno de los principales defectos del Estatuto de Bravo Murillo es que se aplicó a un número escaso de funcionarios, al excluir en bloque a las carreras especiales. Además, a partir de su publicación, las Leyes de Presupuestos del Estado producen constantes alteraciones del régimen funcionarial y se van constituyendo, al amparo de leyes o disposiciones especiales, las carreras o escalafones que hoy denominaríamos Cuerpos Especiales, cuyos funcionarios consiguen la inamovilidad de la que carecen los de las carreras generales.

2. El segundo de los grandes Estatutos reguladores de nuestra Función Pública es el llamado Estatuto Maura, constituido por la Ley de Bases de 22 de julio de 1918 y el Reglamento de 7 de septiembre. Supone, entre otras cosas, la consagración de la estructura corporativa de la burocracia española y del sistema de categorías, y su finalidad no era tanto agrupar un haz o conjunto de tareas de cada categoría como ordenar retribuciones, ascensos y pruebas selectivas o de ingreso. Las categorías son posiciones personales, no objetivas, que se ostentaban al margen de las tareas o funciones realmente desempeñadas. El Estatuto de 1918 mostró especial interés en unificar las categorías y situaciones de los funcionarios: sus disposiciones en este terreno fueron aplicables a todos los Cuerpos de cualquier nivel, ya fuesen especiales o generales, y a cada categoría correspondía un sueldo que era igual para todos los que se encontraban en ellas, con independencia del Cuerpo al que pertenecieran.

Con el transcurso del tiempo, este Estatuto Maura sufrió una serie de modificaciones sustanciales. De una parte, los sueldos presupuestarios se fueron congelando al término de la guerra civil de 1936, con lo que los Cuerpos más poderosos buscaron soluciones al acuciante problema de la pérdida de poder adquisitivo mediante diferentes fórmulas, una de las cuales consistió en la creación de nuevas categorías administrativas dotadas de mayores remuneraciones, y en el ascenso masivo de los funcionarios a las categorías superiores dejando vacantes las inferiores. Al mismo tiempo, la categoría personal o administrativa que correspondía al funcionario se fue desligando paulatinamente de la categoría funcional o destino, es decir, de las tareas que realmente efectuaba y de los méritos contraídos. Al final del proceso, a comienzos de 1960, la categoría personal del funcionario constituía, en términos generales, un simple índice retributivo basado únicamente en la antigüedad.

3. Contra esta situación gravemente disfuncional trata de luchar la Ley de Bases de Funcionarios Civiles del Estado de 1963, cuyo texto articulado se aprobó en 1964, mediante la supresión de las categorías administrativas y la introducción de la técnica norteamericana de la clasificación de puestos de trabajo. Para ponerla en práctica se decidió suprimir de manera radical los grados y categorías administrativas personales dentro de cada Cuerpo, de tal manera que todos sus miembros pudieran desempeñar cualquier puesto de los adscritos a su colectivo. Si la supresión de las categorías fue un hecho no puede decirse los mismo de la clasificación de los puestos de trabajo y adscripción de los mismos en las plantillas orgánicas. El sistema de clasificación se abandonó al poco de aprobarse la Ley de Funcionarios Civiles del Estado y las plantillas orgánicas, que no eran sino la manifestación formal de la clasificación de puestos, no sufrió mejor suerte. En estas condiciones el sistema de concurso de méritos fracasó también siendo progresivamente sustituido por el que se configuraba como sistema excepcional, o sea,el de la libre designación o nombramiento. El fracaso del sistema de concurso fue especialmente acusado en el nivel de los Cuerpos superiores, cuyos puestos de trabajo se fueron clasificando en las plantillas orgánicas como de libre designación.

Esta situación de creciente desprofesionalización e incesante movilidad del personal trató de solucionarse con diferentes medidas parciales, sobre todo de carácter retributivo, hasta llegar al año 1978, en que se produce un hecho de trascendencia histórica y gran importancia también para la Administración española como es la promulgación de la Constitución de 27 de diciembre.

4. La Constitución de 1978 es el único texto de nuestro constitucionalismo histórico que contiene expresas referencias al concepto de funcionario y al propio sistema de Función Pública. En efecto, de un lado, el artículo 103.1 define a la Administración Pública como una organización que sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios rectores de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. De otro lado, el artículo 103.3 establece mandatos precisos relacionados con el acceso a la Función Pública, según principios de mérito y capacidad, con las peculiaridades del derecho a la sindicación de los funcionarios, su sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Por último, el artículo 149.1.18ª establece la competencia exclusiva del Estado para dictar las bases del régimen estatutario de los funcionarios.

A estos mandatos constitucionales han respondido distintos intentos de regulación total o parcial de la Función Pública, siendo la norma más relevante la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Ley que, como se reconoce en su propia Exposición de Motivos, sólo aborda de manera parcial y provisional la regulación de las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos.

La Ley 30/1984, sucesivamente modificada en años posteriores, sí cabe señalar que la misma no establece un nuevo modelo de Función Pública, sino que se limita a introducir una serie de medidas parciales que acentúan la tendencia a estructurar la Función Pública en torno al puesto de trabajo, estableciendo la movilidad indistinta de los funcionarios sin apenas tener en cuenta su especialización profesional. No obstante, al no haberse modificado el sistema tradicional de acceso a la Función Pública a través de los Cuerpos de funcionarios se ha producido una fuerte desconexión entre la preparación profesional exigida para el ingreso y las expectativas de carrera de los funcionarios, basadas en la ocupación de puestos de trabajo.

Por otra parte, el nuevo sistema retributivo diseñado en la Ley 30/1984, ha ido dando creciente importancia a las retribuciones ligadas al puesto de trabajo en detrimento de las vinculadas a las condiciones personales y profesionales de los funcionarios, lo que ha reforzado aún más la movilidad, puesto que las mejoras retributivas sólo pueden obtenerse mediante el cambio de puesto de trabajo.

La conversión de los puestos de trabajo en el eje de la carrera administrativa y en la única posibilidad real de mejorar las retribuciones ha producido, además, una constante presión sobre las estructuras orgánicas y las relaciones de puestos de trabajo con el fin de aumentar los puestos mejor dotados económicamente dejando vacíos los niveles inferiores.

Por lo que respecta, en concreto, a España, se ha pasado a partir de 1978 de un Estado fuertemente centralizado a un Estado descentralizado no sólo administrativa sino políticamente -el Estado de las Autonomías-, lo que afecta al propio volumen o magnitud del empleo público y a su distribución. En efecto, hace no muchos años todos los funcionarios públicos trabajaban bajo una única dependencia, la de la Administración Central del Estado, mientras que hoy, en el contexto de transformación del poder territorial que en España se ha llevado a cabo tras la Constitución de 1978, el conjunto del personal al servicio del sector público trabaja para tres Administraciones Públicas: del Estado, de las Comunidades Autónomas y de la Administración Local, lo que determina la necesidad de regular adecuadamente la estructuración y ordenación por parte de cada una de estas Administraciones Públicas del personal a su servicio.

En relación con este universo del empleo público, la finalidad que persigue el Estatuto es desarrollar con carácter estable y permanente hacia el futuro la competencia exclusiva que la Constitución reconoce al Estado para determinar el régimen estatutario de los funcionarios públicos, siguiendo fielmente la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el alcance de la normativa básica, dejando una amplia posibilidad a los Parlamentos de las Comunidades Autónomas para regular sus propias funciones públicas con el único límite del cumplimiento de la citada normativa básica. Por ello el Estatuto Básico se limita a incorporar lo que debe ser esencial o común a todas las Funciones Públicas del Estado dejando que sean las distintas Administraciones Públicas las que complementen dicha normativa básica con los oportunos desarrollos reglamentarios a dictar en cada ámbito.

Además el Estatuto Básico es especialmente cuidadoso también con el mandato constitucional al prever la posibilidad de que exista normativa básica específica en los sectores que así lo demanden, como son la Función Pública docente, la sanitaria, la investigadora y la de las Instituciones del Sistema Nacional de Salud.

6. Junto a esta razón de acomodar la legislación de funcionarios a los principios constitucionales y dar cumplimiento así al propio mandato constitucional, existen otras razones que refuerzan la necesidad de disponer con urgencia del Estatuto Básico de la Función Pública. Por su propia definición y en relación con el entorno en el que desarrolla su actividad, la Administración Pública es ante todo una organización dirigida a la prestación de servicios a los ciudadanos, centro de referencia último de toda la actuación administrativa. El conocimiento de esta misión central de la Administración Pública como organización al servicio de los ciudadanos conduce a un nuevo concepto de la gestión pública, basado en los principios de legalidad, equidad, eficacia y eficiencia que, a su vez, conllevan cambios sustanciales tanto en la estructura organizativa de la Administración como en su cultura interna y externa, esto es, en las relaciones que se establecen entre el personal y entre estos y el público y en la forma que se entiende la actividad administrativa y se gestionan los recursos humanos.

7. El Estatuto Básico comprende no sólo un conjunto de reglas jurídicas aplicables a la Función Pública sino también, con respeto a la capacidad de autoorganización de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, aquellas reglas organizativas de la Función Pública y principios de ordenación que, siendo válidas en el quehacer de las organizaciones privadas, resultan hoy día imprescindibles para garantizar un funcionamiento ágil y eficaz de las organizaciones administrativas de carácter público.

Por todo ello puede afirmarse que estamos ante un modelo de Función Pública válido para todas las Administraciones Públicas en cuanto que resulta aplicable a todos aquellos colectivos de personal que no han de tener una regulación diferenciada por mandato constitucional e incorpora el conjunto de materias que han de tener, constitucionalmente, carácter básico, con una regulación suficiente para que el modelo tenga las características que exige un diseño común válido para la generalidad de los funcionarios públicos y flexible para que, dentro de este común denominador normativo, las Comunidades Autónomas puedan efectuar desarrollos adecuados a sus especiales características y establecer soluciones políticas propias.

8. El Estatuto Básico incluye, en su ámbito de aplicación, al personal funcionario y estatutario de todas las Administraciones Públicas con las exclusiones de aquellos colectivos que, por mandato constitucional, han de tener regulación propia como son el personal de las Cortes generales y de los Órganos Constitucionales, los funcionarios del Poder Judicial y al servicio de la Administración de Justicia, el personal militar profesional y el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Por lo que se refiere a la Administración Local, el Estatuto opta por la aplicación del mismo al personal al servicio de las Corporaciones Locales, si bien, para respetar las peculiaridades de su régimen legal, incluye una disposición adicional en la que se regulan aquellos aspectos estatutarios que el legislador considera que deben merecer un tratamiento singularizado.

En desarrollo del Estatuto Básico deberá dictarse una Ley de Función Pública de la Administración General del Estado y cada una de las Comunidades Autónomas podrá dictar la Ley aplicable a sus funcionarios. En el ámbito de estas Leyes, las Administraciones Públicas podrán dictar normas específicas adaptadas a las peculiaridades del personal de Correos, del de Instituciones penitenciarias y del de aquellos otros colectivos que por la singularidad de su función así lo precisen.

Por otra parte, el Estatuto se aplicará al personal docente, al personal investigador y al estatutario de las Instituciones del Sistema Nacional de Salud con las especificidades que se prevén en las disposiciones adicionales de la Ley.

En cuanto al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, el Estatuto establece que se regirá, además de por el Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo y convenios colectivos, por los preceptos de la propia Ley reguladora del Estatuto de la Función Pública que así lo dispongan. Por otra parte, se definen con precisión las funciones que pueden ser desempeñadas por el personal laboral.

9. Entrando en el examen del contenido material del Estatuto, debe destacarse su pretensión de avanzar decididamente en el camino de la profesionalización de la Función Pública directiva ya emprendido por la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado de 14 de abril de 1997. El Estatuto regula por primera vez en nuestro país la función directiva en las Administraciones Públicas, cuyos titulares estarán sujetos a responsabilidad profesional, personal y directa por la gestión desarrollada y sometidos a control y evaluación de dicha gestión por el órgano superior competente.

10. En este mismo sentido de lograr la máxima profesionalización de la Función Pública, se configura una auténtica carrera administrativa de los funcionarios públicos, independiente de los avatares del desempeño de puestos de trabajo y basada exclusivamente en los principios de mérito y capacidad. El establecimiento de la carrera profesional de los funcionarios públicos es una de las novedades más importantes y positivas del Estatuto y responde, sin duda, a una de las aspiraciones más sentidas por los funcionarios públicos en los últimos treinta años. La carrera diseñada en el Estatuto se desliga de la ocupación de los puestos de trabajo y se basa en la antigüedad, la trayectoria profesional, la calidad de los trabajos desarrollados, los conocimientos y la actuación profesional aplicándose a tal efecto un sistema de evaluación que supone otra importante novedad del Estatuto.

La regulación de la carrera profesional va a producir sin duda dos efectos muy positivos en el funcionamiento de las Administraciones Públicas y en el colectivo de funcionarios: por un lado, se va a frenar la presión sobre las estructuras administrativas y la creación de puestos de trabajo como medio para obtener mejoras retributivas; y por otro, se va a dotar de estabilidad a las retribuciones, que quedan desligadas en gran medida del puesto de trabajo desempeñado.

11. Con objeto de optimizar la utilización de los recursos humanos en las diferentes Administraciones Públicas, se establecen medidas para la flexibilización de la asignación de puestos, así como sistemas de movilidad, tanto voluntaria como forzosa, menos rígidos que los existentes en la actualidad, siempre con respeto de los derechos económicos de los funcionarios, ya que las retribuciones no van a continuar dependiendo básicamente de los puestos desempeñados, sino de la categoría personal que se haya alcanzado en la carrera profesional.

El Estatuto consagra un nuevo principio de ordenación de la actividad profesional: la prestación de servicios de los funcionarios públicos se realiza mediante el desempeño de puestos de trabajo singularizados o genéricos, de acuerdo con lo que determine cada Administración Pública, en el instrumento a través del cual se materializa con carácter general la ordenación del personal y su encuadramiento en las unidades administrativas.

12. El sistema retributivo diseñado es coherente con el modelo de integración de los funcionarios en Cuerpos y Escalas, que se estructuran, de acuerdo con la titulación exigida para su ingreso, en cuatro grupos profesionales, así como con los sistemas de movilidad y carrera que se articulan. El nuevo sistema permitirá a las Administraciones Públicas establecer unas políticas retributivas incentivadoras.

13. Junto a estas y otras medidas encaminadas a mejorar la eficacia y la productividad de las Administraciones Públicas y para motivar e incentivar a los servidores públicos para el mejor desempeño de sus funciones, el Estatuto contiene una importante novedad como es la referencia expresa a los valores éticos en el servicio público: integridad, transparencia en la gestión, receptividad, competencia profesional, servicio a los ciudadanos, neutralidad e imparcialidad.

En nuestro país, la exploración de los valores éticos y la formulación de los modelos de conducta en ellos inspirados ha de tener como referente la Constitución de 1978, acervo ético común para todos los españoles en cuanto conceptúa a la Administración como servidora objetiva de los intereses generales.

14. En materia de situaciones administrativas se reordena el actual sistema y se disminuye el número de supuestos de carácter básico en los que procede declarar cada situación. Esta regulación básica dota al sistema de un núcleo de común y necesaria aplicación a todos los funcionarios, cualquiera que sea la Administración Pública a la que pertenezcan, sin perjuicio de permitir a las Administraciones Públicas establecer una normativa adaptada a sus propias necesidades y peculiaridades.

15. Entre las novedades introducidas en el régimen disciplinario cabe señalar la actualización de las faltas muy graves, otorgándose a las Comunidades Autónomas capacidad para tipificar en su ámbito, en norma con rango de Ley, las faltas graves y leves.

Así mismo, se ha procedido a la reordenación de las sanciones, con el propósito de que cumplan una función de prevención general que opere como factor natural desincentivador de conductas no deseadas en el ámbito administrativo.

En cuanto al procedimiento, se prevé la sustitución del regulado en la legislación vigente, excesivamente complejo, garantista y casuístico, por otro que deberá estructurarse por cada Administración atendiendo a los principios de celeridad y economía procesal, si bien con la necesaria garantía de los derechos del funcionario expedientado que se enuncian expresamente.

16. Los principios básicos de profesionalidad y dedicación de los empleados públicos inspiran la normativa en materia de incompatibilidades, como garantía de la calidad de los servicios y la imparcialidad de la Administración. Con esta base, debe destacarse el esfuerzo de simplificación con que se ha llevado a cabo la regulación, definiendo con claridad los principios generales que han de aplicarse, prescindiendo de la exagerada minuciosidad con que aparecían reguladas ciertas cuestiones, sin que ello implique en modo alguno que se haya optado por un régimen menos rigorista o más flexible.

17. El sistema de representación, participación y negociación colectiva de los empleados públicos mantiene y mejora los instrumentos existentes hasta el momento corrigiendo las disfunciones detectadas, a la vez que da respuesta a la realidad organizativa de la Administración. En este sentido es importante la modificación introducida en materia de unidades electorales, pues si bien se mantienen con carácter general las existentes, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán modificar o establecer Unidades Electorales en razón al número y peculiaridades de sus colectivos, adecuando la configuración de las mismas a las estructuras administrativas y a los ámbitos de negociación constituidos o que se constituyan previo acuerdo con las Organizaciones Sindicales legitimadas para ello.

La Ley contempla una mejor articulación de los órganos de negociación, en paralelo con la profundización y la mejora del procedimiento general de negociación. Tanto la definición y conceptuación de las Mesas como la definición de sus competencias permiten una mejor articulación de la negociación bajo los principios de primacía y complementariedad.

Por otra parte, se prevé la posibilidad de crear órganos de negociación comunes para funcionarios y personal laboral y otros interdependientes entre las diferentes Administraciones Públicas o entre diferentes Entidades dentro de una misma Administración Pública. De esta manera se extiende de forma material y efectiva la capacidad negociadora sindical para adaptarse mejor a la realidad de las Administraciones Públicas. Se regula por primera vez la composición de una Mesa General de Negociación de todas las Administraciones Públicas, que viene a culminar la estructura de negociación y que se reserva para los temas básicos y los de carácter general relacionados con actos específicos.

Se establecen, además, normas explícitas sobre constitución y composición de las Mesas negociadoras y se fijan los principios que deben regir los procesos negociadores, presididos por el de la buena fe.

En cuanto a la validez y eficacia de los Pactos y Acuerdos, se acaba con la indeterminación de su valor jurídico y el problema de su aplicabilidad directa. Así, se introducen reformas sustanciales que suponen la aplicación directa de los Acuerdos ratificados cuando afecten a materias que puedan ser decididas de forma definitiva por los órganos de gobierno de las diferentes Administraciones Públicas. Los Acuerdos ratificados sobre materias sometidas a reserva formal de Ley carecen de valor normativo directo, pero el órgano de gobierno respectivo se compromete a elaborar el correspondiente Proyecto de Ley conforme al contenido y plazo pactado en el Acuerdo.

Además de numerosas mejoras técnicas introducidas por la Ley en la determinación de las condiciones que deben cumplir los Pactos y Acuerdos, se establece la prórroga automática de los mismos si no media denuncia expresa de las partes y la posibilidad de acordar el mantenimiento de la vigencia de materias reguladas en Acuerdos anteriores en el supuesto de derogación de los mismos por otros posteriores.

Por último y con el fin de mejorar las relaciones laborales y reducir la conflictividad se regula por primera vez un sistema de solución extrajudicial de los conflictos colectivos que puedan surgir entre las diferentes Administraciones y sus empleados, sistema integrado por procedimientos de mediación y arbitraje, los primeros de carácter obligatorio y los segundos voluntarios.

18. Finalmente se establecen, como órganos de coordinación, cooperación, asistencia técnica e información entre las Administraciones Públicas, la Conferencia Sectorial de Función Pública, el Consejo de la Función Pública y la Comisión de Coordinación de la Función Pública.

La Conferencia Sectorial de Función Pública, órgano de coordinación de las políticas de recursos humanos de la Administración General del Estado y de las Administraciones de las Comunidades y Ciudades Autónomas, tiene como misión principal la de asegurar la coherencia del sistema general de Función Pública.

El Consejo de la Función Pública, compuesto por representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades y Ciudades Autónomas y de las Corporaciones Locales, es el órgano de consulta, colaboración y coordinación de todas las Administraciones Públicas en materia de Función Pública, especialmente para adoptar acuerdos en materia de movilidad entre Administraciones Públicas.

Por último, la Comisión de Coordinación de la Función Pública es el órgano técnico dependiente de la Conferencia Sectorial encargado de hacer efectiva la coordinación de la política de personal entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas.

3. La presente Ley tiene carácter supletorio para todo el personal al servicio del Estado y de las Administraciones Públicas no incluido en su ámbito de aplicación.

2. El presente Estatuto se aplicará al personal docente, al de administración y servicios de las Universidades, al personal investigador y al estatutario de las Instituciones del Sistema Nacional de Salud con las especificidades previstas en las disposiciones adicionales tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima.

3. En el ámbito de las Leyes de Función Pública contempladas en el apartado 1, las Administraciones Públicas podrán dictar normas específicas adaptadas a las peculiaridades del personal de correos, del de Instituciones Penitenciarias y del de aquellos otros colectivos que por la singularidad de su función lo precisen.

b) Funcionarios de los Órganos Constitucionales del Estado y de los Órganos Estatutarios de las Comunidades Autónomas.

c) Funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

d) Funcionarios militares profesionales.

e) Funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

f) Funcionarios retribuidos por arancel.

b) Igualdad, mérito y capacidad.

c) Responsabilidad, incompatibilidad y objetividad como garantías del ejercicio objetivo e imparcial de la Función Pública.

d) Ética en el desempeño del servicio público.

e) Inamovilidad en la relación de servicio, como garantía de la independencia en la prestación de servicios.

f) Eficacia en el servicio a los intereses generales.

g) Eficiencia en la utilización de los recursos.

h) Jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño de funciones y tareas asignadas al puesto de trabajo.

i) Coordinación, cooperación e información entre las Administraciones Públicas en materia de Función Pública.

j) Capacidad de autoorganización en la ordenación de la actividad profesional en la forma regulada en el Capítulo VIII de este Estatuto.

k) Participación y negociación para la determinación de las condiciones de trabajo en la forma regulada en el Capítulo XVIII de este Estatuto.

2. Funcionarios interinos.

3. Personal laboral.

4. Personal eventual.

5. Personal estatutario del Sistema Nacional de Salud. Toda referencia que se haga en esta Ley al personal funcionario se entenderá hecha así mismo a este personal.

2. A este personal corresponde, con carácter general, el desempeño de puestos y el ejercicio de funciones en las Administraciones Públicas.

Los programas temporales tendrán una duración determinada y responderán ordinariamente a actividades no habituales de la Administración.

Las plazas ocupadas por funcionarios interinos nombrados por razones de necesidad y urgencia deberán incluirse en las ofertas de empleo público correspondientes.

2. A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.

2. A través de la negociación colectiva, las condiciones de trabajo del personal laboral se acomodarán a las del personal funcionario, de acuerdo con los principios contemplados en el artículo 6 del presente Estatuto, en todo lo que no lo impidan las peculiaridades del ejercicio de funciones públicas.

3. El personal laboral podrá desempeñar las siguientes funciones:

2. Las Administraciones Públicas determinarán su número y características funcionales dentro de los correspondientes créditos presupuestarios.

3. El nombramiento y cese del personal eventual serán libres. En todo caso el cese, que nunca generará derecho a indemnización, tendrá lugar cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza y asesoramiento.

4. Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.

5. Las Administraciones Públicas determinarán las retribuciones de este personal, que se ajustarán a las que por similares funciones, tareas o puestos perciban los funcionarios de carrera.

6. La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna.

Cada Administración Pública llevará a cabo la planificación de sus recursos humanos en el marco de las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 6 de esta Ley.

2. Las Administraciones Públicas podrán aprobar planes para la ordenación de sus recursos humanos, que serán objeto de la debida publicidad y estarán basados en causas objetivas.

3. Estos planes podrán contener las siguientes previsiones y medidas:

2. Los órganos competentes de las Administraciones Públicas determinarán, previo informe del Consejo de la Función Pública, la información que habrá de figurar en los Registros de Personal, los requisitos y procedimientos para su utilización recíproca y las cautelas que habrán de establecerse para garantizar la confidencialidad de los datos en los términos que establezca la legislación vigente sobre la materia.

La oposición consiste en la celebración de una o más pruebas para determinar la capacidad y la aptitud de los aspirantes y fijar su orden de prelación; el concurso, en la comprobación y calificación de los méritos de los aspirantes y en el establecimiento del orden de prelación de los mismos; y el concurso-oposición, en la sucesiva utilización de los dos sistemas anteriores.

En todo caso, se garantizará el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.

Las Administraciones Públicas adoptarán las medidas adecuadas para que, una vez finalizado el proceso selectivo, los puestos se provean con la máxima celeridad.

2. El Gobierno y los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán autorizar que la selección se efectúe en dos fases cuando resulte necesario para la planificación de los recursos humanos por la naturaleza y características de las plazas a cubrir, o cuando así lo aconseje el elevado número de aspirantes.

La primera fase consistirá en la celebración de pruebas de carácter competitivo previa convocatoria pública. Los candidatos que las superan quedarán incluidos en una relación, que tendrá vigencia temporal no superior a tres años, con el orden de prelación que resulte de la puntuación obtenida.

Durante el tiempo de vigencia de la anterior relación, las Administraciones Públicas podrán realizar convocatorias correspondientes a la segunda fase, que incluirán el número concreto de plazas que determinen sus ofertas de empleo público, en la que sólo podrán participar quienes estén incluidos en dicha relación.

El nombramiento de funcionarios interinos o la contratación de personal laboral temporal en los Cuerpos, Escalas o plazas para los que se establezca un procedimiento de selección en dos fases, habrá de hacerse por riguroso orden de puntuación entre los candidatos incluidos en la relación a que se refiere este apartado, sin que los servicios prestados interina o temporalmente puedan constituir mérito alguno para la segunda fase.

En la segunda fase selectiva, el número de aspirantes aprobados no podrá ser superior al de plazas convocadas.

3. Los procesos selectivos se adecuarán a las características y al grado de especialización de las funciones y tareas a desempeñar por cada Cuerpo, Escala, plaza o categoría laboral.

4. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán prever la selección de personal debidamente capacitado para cubrir los puestos de trabajo o la realización de funciones que requieran el conocimiento de dos lenguas oficiales.

5. Las Administraciones Públicas adoptarán medidas adecuadas para favorecer que las personas discapacitadas accedan al empleo público, debiendo reservar a tal efecto un cupo no inferior al 3 por ciento global de las plazas ofertadas para ser cubiertas entre aquellos que tengan la condición legal de persona con minusvalía. Los procesos selectivos contendrán las medidas necesarias para remover los obstáculos que impidan o dificulten la plena participación de estas personas en condiciones de igualdad.

6. Los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder en igualdad de condiciones que los españoles a todos los empleos públicos que no impliquen una participación directa o indirecta en el ejercicio del poder público y en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas.

Las Administraciones Públicas determinarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los Cuerpos, Escalas, plazas o empleos a los que, de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo anterior, no puedan acceder los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea.

Las convocatorias podrán prever la designación de expertos que, en calidad de asesores del órgano de selección, actuarán con voz pero sin voto.

3. La selección de los funcionarios interinos se hará de acuerdo con el sistema selectivo que cada Administración Pública determine, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad. Dicho sistema deberá permitir la máxima agilidad en la selección, en razón a la urgencia requerida para el desempeño transitorio de los puestos de trabajo o de las funciones correspondientes.

2. Los órganos de selección de personal laboral serán de naturaleza colegiada y deberá garantizarse la objetividad de su actuación y la idoneidad de sus integrantes.

3. La contratación de personal laboral temporal se efectuará conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, ajustándose a las normas de general aplicación a este tipo de personal.

4. Concluido el proceso selectivo y de acuerdo con las bases de la convocatoria, el órgano competente procederá a la formalización de los contratos, una vez acreditado por los aspirantes seleccionados el cumplimiento de los requisitos y condiciones de la convocatoria.

3. La falta de toma de posesión dentro de plazo, imputable al interesado, producirá el decaimiento de su derecho a adquirir la condición de funcionario de carrera en ese proceso selectivo.

b) La pérdida de la nacionalidad española o, en su caso, la de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea.

c) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tenga carácter firme.

d) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviera carácter firme.

e) La jubilación del funcionario.

b) Forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida.

c) Por incapacidad permanente para el servicio.

Subgrupo 2: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Técnico Auxiliar o equivalentes.

2. La Ley de creación determinará la denominación de los Cuerpos y Escalas, el Grupo que les corresponda de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, el ámbito de actuación y, en su caso, la titulación o titulaciones exigidas para su ingreso.

3. Podrán crearse plazas y especialidades mediante norma del rango que se determine en cada Ley de Función Pública.

2. Los instrumentos de ordenación contendrán, para cada unidad administrativa, la dotación de puestos de trabajo singularizados y genéricos con los requisitos para su desempeño, de acuerdo con las especificaciones funcionales que cada Administración determine.

Son órganos directivos los que, designados como tales, desarrollan y ejecutan los planes de actuación de la organización establecidos por cada Administración Pública.

2. Los titulares de los órganos directivos están sometidos al control y evaluación de la gestión desarrollada y sujetos a responsabilidad por dicha gestión ante el órgano superior o directivo competente.

3. Los titulares de los órganos directivos se nombran entre los funcionarios del Grupo Primero que cumplan los requisitos que cada Administración Pública establezca, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia.

4. Las Administraciones Públicas establecerán los puestos directivos de rango igual o superior a Director General que podrán ser provistos también por quienes no tengan la condición de funcionarios, respetándose siempre los criterios de competencia profesional y experiencia.

5. El procedimiento de provisión de puestos directivos, régimen de permanencia y cese se establecerá por cada Administración Pública en norma con rango de Ley.

El concurso de méritos consiste en la comprobación y valoración de los que se exijan en la convocatoria, de acuerdo con el baremo establecido. Se cubrirán por este procedimiento todos los puestos de trabajo genéricos y los singularizados para los que así se establezca.

El concurso específico consiste en la comprobación y valoración de los méritos y aptitudes determinadas en cada convocatoria. Los méritos se valorarán de acuerdo con el baremo establecido y supondrán como mínimo el 55% de la puntuación máxima total. Las aptitudes se valorarán de acuerdo con el procedimiento que se determine. Se cubrirán por concurso específico los puestos singularizados para los que se haya establecido expresamente esta forma de provisión.

La libre designación consiste en la apreciación por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto. Podrán cubrirse por este procedimiento los puestos directivos y aquellos para los que, por la especial naturaleza de sus funciones, así se establezca.

2. Los titulares de puestos de trabajo cubiertos por libre designación podrán ser libremente cesados.

Las Administraciones Públicas determinarán por Ley las causas de remoción de los puestos de trabajo obtenidos por concurso de méritos o específico. La remoción se efectuará por procedimiento contradictorio.

Los titulares de los puestos de trabajo cubiertos por concurso específico podrán ser también cesados, transcurridos tres años desde su nombramiento, en función de la aplicación de los sistemas de evaluación que se establezcan.

3. Los funcionarios que cesen en puestos obtenidos por concurso o libre designación, así como aquéllos cuyo puesto de trabajo haya sido objeto de supresión, serán adscritos a un puesto de trabajo que no comporte cambio de lugar de residencia.

4. En caso de urgente e inaplazable necesidad, los puestos de trabajo podrán cubrirse provisionalmente, debiendo procederse a su convocatoria en el plazo que determine cada Administración Pública.

5. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias para que sean cubiertos con personal debidamente capacitado los puestos de trabajo que requieran el conocimiento de dos lenguas oficiales.

2. Cada Administración Pública determinará los supuestos y requisitos precisos para que funcionarios de otras Administraciones Públicas puedan prestar servicios en ella.

2. La categoría define la situación profesional de cada funcionario. Todo funcionario posee desde su ingreso la categoría inicial de las que correspondan a su Cuerpo o Escala. El ascenso de categoría supone la consolidación de la misma con los efectos económicos correspondientes, salvo las penalizaciones por demérito que en virtud de sanción disciplinaria se impongan.

3. El número de categorías por Grupo profesional no puede exceder de ocho, sin perjuicio de la existencia de los escalones a que se refiere el artículo 44.4.a).

4. La posesión de una categoría no conlleva la ocupación de puestos de trabajo determinados, salvo que así se disponga expresamente.

b) Los ascensos de categoría serán consecutivos, salvo en aquellos supuestos en que se prevea otra posibilidad de ascenso previa superación de pruebas selectivas.

c) Se valorarán en todo caso: la antigüedad, la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados y los conocimientos adquiridos, aplicándose a tal efecto sistemas de evaluación.

Cada Administración Pública podrá incluir otros méritos y aptitudes en función de la especificidad de la función desarrollada.

2. El ascenso de un Subgrupo a otro se efectuará mediante la superación de pruebas selectivas.

3. Cada Administración Pública determinará por Ley los casos en que el requisito de titulación para el ascenso de un Subgrupo a otro puede ser suplido por otros requisitos, en función de las especificidades de las áreas de actividad.

2. Los procesos de promoción interna garantizarán el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

3. Las pruebas de promoción interna podrán llevarse a cabo en convocatorias independientes a las de ingreso cuando los órganos de gobierno de cada Administración Pública así lo autoricen y con las condiciones que las mismas establezcan.

4. La promoción interna podrá consistir también en el acceso a Cuerpos o Escalas del mismo Grupo profesional cuando se posea la titulación exigida para el ingreso en el mismo y se superen las pruebas que se establezcan.

2. No podrá percibirse participación en tributos, comisiones u otros ingresos de las Administraciones Públicas como contraprestación de cualquier servicio o jurisdicción ni participación o premio en multas impuestas, aún cuando estuviesen normativamente atribuidas a los servicios.

3. Sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder, la parte de jornada no realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tendrá carácter sancionador.

4. Quienes ejerciten el derecho de huelga no devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en esa situación sin que la deducción de haberes que se efectúe tenga, en ningún caso, carácter de sanción disciplinaria ni afecte económicamente al régimen respectivo de sus prestaciones sociales.

2. Son retribuciones básicas:

4. Son retribuciones complementarias:

2. En todo caso, el permiso por maternidad deberá regularse en los mismos términos que en la legislación laboral.

3. La declaración de estas situaciones procederá en los supuestos que se determinan en este Estatuto, y en las Leyes reguladoras de la Función Pública de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas.

2. Los funcionarios en situación de servicio activo gozan de todos los derechos inherentes a su condición de funcionarios y quedan sujetos a los deberes y responsabilidades derivados de la misma. Se regirán por la normativa de Función Pública de la Administración Pública en la que presten servicios.

3. Los funcionarios suspensos provisionalmente de funciones en virtud de decisión judicial o disciplinaria, se mantendrán en servicio activo con las limitaciones de derechos establecidas en el artículo 72 de esta Ley.

En caso de proceder la declaración de la situación de suspensión firme de funciones por condena penal o sanción disciplinaria sus efectos se retrotraerán a la fecha de declaración de la suspensión provisional de funciones.

Los funcionarios en situación de servicios especiales tendrán derecho a reingresar al servicio activo en la misma localidad, en condiciones y con retribuciones similares a las que disfrutaban al pasar a ella, siempre que hubieran pasado a dicha situación desde la de servicio activo u otra que tuviera reconocido este mismo derecho. Si durante el tiempo de permanencia en la situación de servicios especiales participasen en concursos, el reingreso se efectuará con referencia a la localidad y condiciones del destino obtenido en ellos.

2. Los funcionarios en situación de servicios en otra Administración Pública se rigen por la legislación de Función Pública de la Administración en la que prestan servicios, pero conservarán la condición de funcionario de la Administración de origen.

No obstante, el tiempo servido en la Administración Pública en la que se integran se les computará como de servicio activo en su Cuerpo, Escala o plaza de origen.

2. Los funcionarios en expectativa de destino percibirán las retribuciones básicas, las correspondientes a su categoría profesional y el 50 por 100 del complemento de puesto o de actividad que vinieran percibiendo.

A los restantes efectos, la situación de expectativa de destino queda equiparada a la de servicio activo.

3. El período máximo de la duración de la situación de expectativa de destino será de un año, transcurrido el cual el funcionario será declarado excedente forzoso.

4. El funcionario en expectativa de destino vendrá obligado a cumplir las obligaciones que cada Administración Pública determine.

3. Los excedentes forzosos no podrán desempeñar actividades en el sector público bajo ningún tipo de relación funcionarial o contractual, sea de naturaleza laboral o administrativa, salvo las susceptibles de autorización de acuerdo con lo dispuesto en el régimen de incompatibilidades. La obtención de un puesto de trabajo o la realización de una actividad en dicho sector determinará el pase a la situación de excedencia por prestación de servicios en el sector público.

4. Los excedentes forzosos quedarán sujetos a las obligaciones que cada Administración Pública establezca. El incumplimiento de las mismas dará lugar a la declaración de oficio de la situación de excedencia voluntaria por un período mínimo de dos años.

El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, ascensos y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. Durante el primer año natural, a contar desde la fecha en que se inicia el período de excedencia para el cuidado de cada hijo, con independencia de su disfrute alternativo por el padre y la madre o por sólo uno de ellos, tendrán derecho a la reserva del mismo puesto de trabajo que desempeñaban; transcurrido el primer año el referido derecho lo será a un puesto de trabajo equivalente al que se ocupaba, de igual retribución y en la misma localidad.

2. El acogimiento de menores de tres años producirá los mismos efectos por el tiempo de su duración.

3. Los funcionarios tendrán derecho a pasar a la situación de excedencia para atender al cuidado personal de su cónyuge, padres o hijos que lo precisen por causa de incapacidad o enfermedad grave debidamente acreditadas.

Los funcionarios tendrán derecho por un plazo máximo de tres años a que se les compute el tiempo de permanencia en esta situación a efectos de derechos en el régimen de Seguridad Social que les corresponda y, al cesar en la situación de excedencia, a reingresar al servicio activo en la misma localidad en la que prestaban servicios al pasar a ella.

La excedencia voluntaria incentivada tendrá una duración de cinco años e impedirá desempeñar puestos de trabajo en el sector público bajo ningún tipo de relación funcionarial o contractual, sea ésta de naturaleza laboral o administrativa.

2. Quienes pasen a la situación de excedencia voluntaria incentivada tendrán derecho a una mensualidad de las retribuciones de carácter periódico, excluidas las pagas extraordinarias y el complemento de productividad, devengadas inmediatamente antes de pasar a dicha situación, por cada año completo de servicios efectivos y con un máximo de doce mensualidades.

2. La suspensión firme se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria.

La suspensión por condena criminal se impondrá como pena, en los términos acordados en la sentencia.

La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de seis años.

3. El funcionario declarado en la situación de suspensión firme de funciones no podrá prestar servicios en ninguna Administración Pública ni en los Organismos públicos ni en las Entidades de derecho público dependientes o vinculadas a ellas durante el tiempo de cumplimiento de la pena o sanción.

4. Antes de finalizar el período de suspensión, el funcionario deberá solicitar el reingreso al servicio activo, pasando, de no hacerlo, a la situación de excedencia voluntaria por un período mínimo de dos años.

2. El reingreso al servicio activo de los funcionarios afectados por un plan de ordenación de recursos humanos en situación de expectativa de destino o excedencia forzosa se realizará asimismo por los procedimientos de reasignación de efectivos que cada Administración Pública establezca.

3. Podrá efectuarse el reingreso por adscripción provisional a una vacante para cuya ocupación reúna el funcionario los requisitos exigidos.

El reingreso estará condicionado a las necesidades del servicio para quienes procedan de situaciones que no comporten reserva de puesto o hayan renunciado a los derechos inherentes a la situación administrativa de procedencia.

El funcionario que reingrese por adscripción provisional quedará obligado, dentro del plazo y en los términos que cada Administración Pública determine, a participar en los procedimientos que la misma convoque hasta la obtención de un destino con carácter definitivo.

4. Quienes procedan de situaciones administrativas que tengan reconocido el derecho a la reserva de un puesto de trabajo serán adscritos con carácter definitivo al mismo, siempre que el reingreso se realice en la Administración Pública que efectúe la reserva o en aquella a que haya sido transferido el puesto.

En otro caso, el reingreso se efectuará por adscripción provisional a una vacante, entendiéndose hecha renuncia por el funcionario a los derechos que le correspondían.

5. Las Administraciones Públicas fijarán los plazos de solicitud de reingreso al servicio activo para los funcionarios procedentes de situaciones administrativas que tengan reconocido el derecho al reingreso o a la reserva de un puesto de trabajo al finalizar la causa que motivó su pase a dichas situaciones administrativas.

2. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal.

3. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a las Administraciones Públicas.

4. Sólo podrán sancionarse las acciones u omisiones que, en el momento de producirse, constituyan infracción disciplinaria.

5. Entre la infracción cometida y la sanción impuesta deberá existir la adecuada proporcionalidad.

2. Toda actuación que suponga discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento, vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

3. El abandono del servicio, así como la voluntad de no hacerse cargo de las tareas o funciones al ser nombrado para desempeñar un puesto de trabajo o tarea.

4. La emisión de informes y la adopción de resoluciones o acuerdos manifiestamente ilegales que causen daños muy graves al interés público, al patrimonio o a los bienes de la Administración o de los ciudadanos.

5. La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.

6. La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebidos.

7. El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.

8. La violación de la neutralidad o imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza o ámbito.

9. La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior directo, mediato o inmediato, emitidas por éste en el ejercicio de sus competencias, referidas a funciones del puesto o tareas del interesado.

10. La prevalencia de la condición de funcionario público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro.

11. La realización de actividades declaradas incompatibles legalmente, cuando las mismas comprometan la imparcialidad o independencia.

12. Los actos que impidan el ejercicio de los derechos fundamentales, de las libertades públicas y de los derechos sindicales.

13. La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.

14. La participación en una huelga a los que la tengan expresamente prohibida por Ley.

15. El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales que hayan sido establecidos en caso de huelga.

16. La grave agresión a cualquier persona con la que se relacionen en el ejercicio de sus funciones.

17. El acoso sexual con abuso de autoridad.

18. La incomparecencia injustificada ante las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas ante las que responden las Administraciones Públicas, y las constituidas por las Asambleas de las ciudades de Ceuta y Melilla, cuando sean requeridos.

19. El exceso arbitrario en el uso de autoridad que cause perjuicio grave a los subordinados o al servicio.

20. El incumplimiento de deberes y obligaciones establecidos expresamente como falta muy grave por ley de las Cortes Generales o de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas.

b) La gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la Administración o ciudadanos.

c) El descrédito para la imagen pública de la Administración.

b) Cambio forzoso de puesto de trabajo con cambio de residencia sin derecho a indemnización.

c) Cambio forzoso de puesto de trabajo.

d) Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de provisión, carrera o promoción.

e) Suspensión de empleo y sueldo.

f) Apercibimiento.

g) Cualquier otra que se establezca por ley.

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiera cometido; el de las sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora o desde que se quebrante el cumplimiento de la sanción cuando su ejecución ya hubiese comenzado.

3. El plazo de prescripción de las faltas se interrumpirá por la iniciación del procedimiento disciplinario, volviendo a correr si el expediente estuviera paralizado más de seis meses por causa no imputable al interesado.

La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento sumario con audiencia del interesado.

2. El procedimiento disciplinario que, se establezca en desarrollo de la presente Ley, se estructurará atendiendo a los principios de celeridad y economía procesal y deberá garantizar los siguientes derechos del funcionario expedientado:

2. Las medidas provisionales no podrán causar perjuicios irreparables ni implicar la violación de los derechos amparados por las Leyes.

3. La suspensión provisional como medida cautelar durante la tramitación de un expediente disciplinario tendrá carácter excepcional, y no podrá exceder de seis meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado.

El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. No se le acreditará haber alguno en caso de incomparecencia o declaración en rebeldía.

El tiempo de permanencia en suspensión provisional será de abono para el cumplimiento de la suspensión firme.

Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se computará como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata reincorporación del funcionario a su puesto de trabajo, con reconocimiento de todos los derechos económicos y demás que procedan desde la fecha de efectos de la suspensión.

4. La suspensión provisional podrá acordarse preventivamente durante la tramitación de un procedimiento judicial, y se mantendrá por el tiempo a que se extienda la prisión provisional u otras medidas decretadas por el Juez que determinen la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo.

No obstante, la Administración podrá acordar como medida preventiva la suspensión provisional de los funcionarios sometidos a procesamiento, cualquiera que sea la causa del mismo, si esta medida no ha sido adoptada por la autoridad judicial que dictó el auto de procesamiento.

2. El personal al servicio de las Administraciones Públicas no podrá, salvo en los supuestos previstos en este Capítulo, percibir más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Entes, Organismos y Empresas de ellos dependientes o con cargo a los de los órganos indicados en el apartado anterior o que resulte de la aplicación de arancel, ni ejercer opción por percepciones correspondientes a puestos incompatibles.

Por remuneración se entiende cualquier derecho de contenido económico derivado, directa o indirectamente, de una prestación o servicio personal, sea su cuantía fija o variable y su devengo periódico u ocasional.

3. En cualquier caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de este Capítulo será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.

3. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de este Capítulo, sólo podrá pertenecer, en representación del sector público, como máximo a dos Consejos de Administración u órganos de gobierno de Entidades o Empresas con capital público, pudiendo percibir sólo las dietas o indemnizaciones que correspondan por su asistencia a los mismos.

En el supuesto de que concurran razones que lo justifiquen, y mediante resolución motivada, el Consejo de Ministros u órgano competente de la Comunidad Autónoma o Pleno de la Corporación Local correspondiente, podrá autorizar con carácter excepcional la pertenencia a tres o más Consejos de Administración, por los que no podrá percibir cantidad alguna en concepto de asistencia, en cuyo caso las cantidades devengadas por dicho concepto deberán ser ingresadas en el Tesoro Público.

La pertenencia a los Consejos de Administración u órganos de gobierno a que se refiere este apartado deberá comunicarse en todo caso al órgano competente en materia de incompatibilidades de la Administración Pública correspondiente.

4. El desempeño de un puesto en el sector público es incompatible con la percepción de pensión de jubilación o retiro por derechos pasivos o por cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio. La percepción de las pensiones indicadas quedará en suspenso por el tiempo que dure el desempeño de dicho puesto.

Cuando la legislación lo permita podrá compatibilizarse una pensión de jubilación parcial con el desempeño de una actividad a tiempo parcial.

5. Los servicios prestados en el segundo puesto o actividad no se computarán a efectos de trienios ni de derechos en el régimen de Seguridad Social que resulte aplicable, pudiendo suspenderse la cotización a este último efecto. Las pagas extraordinarias, así como las prestaciones de carácter familiar, sólo podrán percibirse por uno de los puestos, cualquiera que sea su naturaleza.

2. El Gobierno, mediante Real Decreto o los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas, en el marco de sus competencias, podrán determinar las funciones, puestos o colectivos del sector público, incompatibles con determinadas profesiones o actividades privadas, que puedan comprometer la imparcialidad o independencia del personal de que se trate, impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o perjudicar los intereses generales.

En todo caso, el ejercicio de una actividad en el sector público por el personal incluido en el ámbito de aplicación de este título, será incompatible:

4. Tampoco se podrá autorizar la compatibilidad para el ejercicio de una actividad privada al personal que desempeñe funciones directivas o cuya relación laboral se encuentre regulada por un contrato de alta dirección.

En el caso de los contratados laborales fuera de convenio tampoco podrá concederse, salvo en el supuesto excepcional, que deberá quedar suficientemente acreditado al tramitarse la solicitud del interesado, de que no concurren circunstancias semejantes a las que se tomaron en consideración en el párrafo anterior.

5. No se podrá autorizar la compatibilidad para el ejercicio de una actividad privada que requiera la presencia del interesado durante una jornada igual o superior a la mitad de la jornada ordinaria de las Administraciones Públicas, salvo que la actividad pública esté autorizada a ser desempeñada a tiempo parcial.

No se podrá reconocer compatibilidad para actividad privada a quienes se les hubiere autorizado compatibilidad para una segunda actividad pública salvo que la suma de las jornadas sea inferior a la máxima de las Administraciones Públicas.

En ningún caso, la autorización para el ejercicio de una actividad privada supondrá una disminución en la jornada o en el horario de trabajo y quedará automáticamente sin efecto en caso de cambio de actividad en el sector público, o cuando se modifiquen las circunstancias que hubieran hecho posible la autorización de compatibilidad.

2. El personal de las Administraciones Públicas, antes de acceder a una nueva actividad en el sector público o privado, deberá optar, dentro del plazo de toma de posesión, por una o por otra, o solicitar la correspondiente autorización de compatibilidad si se tratase de actividades susceptibles de compatibilización, en cuyo caso, el plazo de toma de posesión u opción se entenderá prorrogado hasta que recaiga resolución. A falta de opción entre actividades públicas incompatibles, se entenderá que ésta se ejercita por la nueva actividad, cesando en la anterior y pasando a la situación de excedencia o a la que corresponda, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que procedan y del reintegro de los haberes indebidamente percibidos.

El ejercicio de una actividad privada sin la previa autorización de compatibilidad, así como la persistencia en el desempeño de la misma cuando hubiera recaído resolución denegatoria de la compatibilidad será sancionado conforme al régimen disciplinario previsto en el Capítulo XV de esta Ley.

3. Quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades previsto en este Capítulo las actividades siguientes:

2. Por representación, a los efectos de esta Ley, se entiende la facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales se instrumente la interlocución entre la Administración Pública y sus funcionarios.

3. Por participación institucional, a los efectos de esta Ley, se entiende el derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine.

4. Por negociación colectiva, a los efectos de esta Ley, se entiende el derecho a negociar la determinación de las condiciones de trabajo de los funcionarios de la Administración Pública.

5. El ejercicio de los derechos establecidos en el presente artículo se garantiza y se lleva a cabo a través de los órganos y sistemas específicos regulados en el presente Capítulo, sin perjuicio de que se puedan instituir otras formas de colaboración entre la Administración Pública, sus funcionarios y sus representantes.

6. El ejercicio de los derechos establecidos en este Capítulo deberá respetar en todo caso el contenido del presente Estatuto.

7. Los procedimientos para determinar las condiciones de trabajo en las Administraciones Públicas tendrán en cuenta las recomendaciones establecidas en los convenios y acuerdos de carácter internacional ratificados por España.

2. En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 6 e inferior a 50, su representación corresponderá a los Delegados de Personal. Hasta 30 funcionarios se elegirá un Delegado, y de 31 a 49 se elegirán tres, que ejercerán su representación conjunta y mancomunadamente.

3. Las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 50 funcionarios.

4 Con carácter general se mantendrán las unidades electorales existentes. No obstante, previo acuerdo con las Organizaciones Sindicales legitimadas para ello en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán modificar o establecer Unidades Electorales en razón al número y peculiaridades de sus colectivos, adecuando la configuración de las mismas a las estructuras administrativas y a los ámbitos de negociación constituidos o que se constituyan.

5. Cada Junta de Personal se compone de un número de representantes, de acuerdo con la siguiente escala:

b) Emitir informe, a solicitud de la Administración Pública correspondiente, sobre el traslado total o parcial de las instalaciones e implantación o revisión de sus sistemas de organización y métodos de trabajo.

c) Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.

d) Tener conocimiento y ser oídos en el establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo, así como en el régimen de vacaciones y permisos.

e) Participar en la aplicación de los criterios generales sobre acción social y formación, que hayan sido objeto de acuerdo en el ámbito de negociación correspondiente.

f) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes.

g) Colaborar con la Administración correspondiente para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la productividad.

h) Las Juntas de Personal, colegiadamente, por decisión mayoritaria de sus miembros y, en su caso, los Delegados de Personal, mancomunadamente, estarán legitimados para iniciar, como interesados, los correspondientes procedimientos administrativos y ejercitar las acciones en vía administrativa o judicial en todo lo relativo al ámbito de sus funciones.

3. Cada uno de los miembros de la Junta de Personal y ésta como órgano colegiado, así como los Delegados de Personal, en su caso, observarán sigilo profesional en todo lo referente a los asuntos en que la Administración señale expresamente el carácter reservado, aún después de expirar su mandato. En todo caso, ningún documento reservado entregado por la Administración podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de la Administración para fines distintos de los que motivaron su entrega.

- Serán electores y elegibles los funcionarios que se encuentren en la situación de servicio activo o en una situación equiparable. No tendrán la consideración de electores ni elegibles los funcionarios que ocupen puestos cuyo nombramiento se efectúe a través de Real Decreto del Consejo de Ministros o por Decreto de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas o de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

- Podrán presentar candidaturas las Organizaciones Sindicales legalmente constituidas o las coaliciones de éstas, y los grupos de electores de una misma unidad electoral equivalente al menos al triple de los miembros a elegir.

- Las Juntas de Personal se elegirán mediante listas cerradas a través de un sistema proporcional corregido, y los Delegados de Personal mediante listas abiertas y sistema mayoritario.

- Los órganos electorales básicos serán las Mesas Electorales que se constituyan para la dirección y desarrollo del procedimiento electoral y las oficinas públicas permanentes para el cómputo y certificación de resultados reguladas en la normativa laboral.

- Las impugnaciones se tramitarán conforme a un procedimiento arbitral, excepto las reclamaciones contra las denegaciones de inscripción de actas electorales que podrán plantearse directamente ante la jurisdicción social.

2. Son competencias propias de las Mesas Generales la negociación de las materias relacionadas con condiciones de trabajo comunes a los funcionarios de cada Administración Pública o Entidad Local donde se constituya.

3. Dependiendo de la Mesa General de Negociación de la Administración correspondiente se constituirán Mesas sectoriales de negociación en los sectores específicos de personal docente en centros públicos no universitarios, personal de las Instituciones sanitarias públicas y personal al servicio de la Administración de Justicia.

Por acuerdo de las Mesas Generales podrán constituirse otras Mesas Sectoriales, en atención a las condiciones específicas de trabajo de las Organizaciones Administrativas afectadas o a las peculiaridades de sectores concretos de funcionarios públicos y a su número.

4. La competencia de las Mesas Sectoriales se extenderá a los temas comunes a los funcionarios del sector que no hayan sido objeto de decisión por parte de la Mesa General respectiva o a los que ésta explícitamente les reenvíe o delegue.

5. El proceso de negociación se abrirá, en cada Mesa, en la fecha que, de común acuerdo, fijen la Administración correspondiente y la mayoría de la representación sindical. A falta de acuerdo, el proceso se iniciará en el plazo máximo de un mes desde que una de las partes legitimadas lo promueva, salvo que existan causas legales o pactadas que lo impidan.

6. Ambas partes estarán obligadas a negociar bajo el principio de la buena fe y proporcionarse mutuamente la información que precisen relativa a la negociación.

7. Los acuerdos de las Mesas de Negociación requerirán en cualquier caso, el voto favorable de la mayoría de cada una de las dos representaciones.

2. A los efectos de que pueda constatarse la existencia de la legitimación necesaria para estar presentes en las Mesas Generales o Sectoriales los Sindicatos interesados deberán acreditar la representatividad necesaria cada dos años, mediante la presentación del correspondiente certificado de la Oficina Pública de Registro competente de las reguladas en la normativa laboral.

3. La designación de los componentes de las Mesas corresponderá a las partes negociadoras que podrán contar con la asistencia en las deliberaciones de asesores, que intervendrán con voz, pero sin voto.

4. En las normas de desarrollo del presente Estatuto se establecerá la composición numérica de las Mesas correspondientes a sus ámbitos, sin que ninguna de las partes pueda superar el número de quince miembros.

2. Los Pactos se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito competencial del órgano administrativo que lo suscriba y se aplicarán directamente al personal del ámbito correspondiente.

3. Los Acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas. Para su validez y eficacia será necesaria su aprobación expresa y formal por estos órganos.

Cuando tales Acuerdos hayan sido ratificados y afecten a temas que pueden ser decididos de forma definitiva por los órganos de gobierno, el contenido de los mismos será directamente aplicable al personal incluido en su ámbito de aplicación, sin perjuicio de que a efectos formales se requiera la modificación o derogación, en su caso, de la normativa reglamentaria correspondiente.

Si los Acuerdos ratificados tratan sobre materias sometidas a reserva formal de Ley que, en consecuencia, sólo pueden ser determinadas definitivamente por las Cortes Generales o las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, su contenido carecerá de valor normativo directo. No obstante, en este supuesto, el órgano de gobierno respectivo procederá a la elaboración del correspondiente Proyecto de Ley conforme al contenido del Acuerdo y en el plazo que se hubiera acordado.

Cuando exista falta de ratificación de un Acuerdo o, en su caso, una negativa expresa a incorporar lo acordado en el Proyecto de Ley correspondiente, se deberá iniciar la renegociación de las materias tratadas en el plazo de un mes, si así lo solicitara al menos una de las partes.

4. Los Pactos y Acuerdos deberán determinar las partes que los conciertan, el ámbito personal, funcional, territorial y temporal, así como la forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia de los mismos.

5. Se establecerán Comisiones Paritarias de seguimiento de los Pactos y Acuerdos con la composición y funciones que las partes determinen.

6. Los Pactos celebrados y los Acuerdos, una vez ratificados, deberán ser remitidos a la Oficina Pública que cada Administración competente determine y la Autoridad respectiva ordenará su publicación en el Boletín Oficial que corresponda en función del ámbito territorial.

7. En el supuesto de que no se produzca acuerdo en la negociación o en la renegociación prevista en el último párrafo del apartado 3 del presente artículo y una vez agotados, en su caso, los procedimientos de solución extrajudicial de conflictos, corresponderá a los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas establecer las condiciones de trabajo de los funcionarios con las excepciones contempladas en los apartados 10, 11 y 12 del presente artículo.

8. Los Pactos y Acuerdos que, de conformidad con lo establecido en el art. 92, contengan materias y condiciones generales de trabajo comunes al personal funcionario y laboral, tendrán la consideración y efectos previstos en este artículo para los funcionarios y en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores para el personal laboral.

9. Los Pactos y Acuerdos en sus respectivos ámbitos y en relación a las competencias de cada Administración Pública, podrán establecer la estructura de la negociación colectiva así como fijar las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre las negociaciones de distinto ámbito y los criterios de primacía y complementariedad entre las diferentes unidades negociadoras.

10. Salvo acuerdo en contrario, los Pactos y Acuerdos se prorrogarán de año en año si no mediara denuncia expresa de las partes.

11. La vigencia del contenido de los Pactos y Acuerdos una vez concluida su duración, se producirá en los términos que los mismos hubieren establecido.

12. Los Pactos y Acuerdos que sucedan a otros anteriores los derogan en su integridad, salvo los aspectos que expresamente se acuerde mantener.

2. Los conflictos a que se refiere el apartado anterior podrán ser los derivados de la negociación de los Pactos y Acuerdos regulados en el artículo 90; los derivados de la aplicación e interpretación de los mismos y, en general, los derivados de la negociación, aplicación e interpretación de los acuerdos sobre las materias señaladas en el artículo 89, excepto para aquellas materias para las que exista reserva formal de Ley.

3. Los sistemas podrán estar integrados por procedimientos de mediación y arbitraje. La mediación será obligatoria cuando lo solicite una de las partes y las propuestas de solución que ofrezcan el mediador o mediadores podrán ser libremente aceptadas o rechazadas por las mismas.

Mediante el procedimiento de arbitraje las partes podrán acordar voluntariamente encomendar a un tercero la resolución del conflicto planteado, comprometiéndose de antemano a aceptar el contenido de la misma.

4. El acuerdo logrado a través de la mediación o de la resolución de arbitraje tendrá la misma eficacia jurídica y tramitación de los Pactos y Acuerdos regulados en la presente Ley, siempre que quienes hubieran adoptado el acuerdo o suscrito el compromiso arbitral tuviesen la legitimación que les permita acordar, en el ámbito del conflicto, un Pacto o Acuerdo conforme a lo previsto en los artículos 86 y 87 de esta Ley.

Estos acuerdos serán susceptibles de impugnación. Específicamente cabrá recurso contra la resolución arbitral en el caso de que no se hubiesen observado en el desarrollo de la actuación arbitral los requisitos y formalidades establecidos al efecto o cuando la resolución hubiese versado sobre puntos no sometidos a su decisión, o que ésta contradiga la legalidad vigente.

5. La utilización de estos sistemas se efectuará conforme a los procedimientos que reglamentariamente se determinen previo acuerdo con las Organizaciones Sindicales representativas según lo dispuesto en el artículo 86.

2. La representación de las Administraciones Públicas será unitaria y estará compuesta por quince miembros distribuidos en función de las competencias de cada una de las Administraciones Públicas en las materias a negociar. El Consejo de la Función Pública determinará el sistema ponderado para la designación de dichos representantes.

3. La representación de las Organizaciones Sindicales legitimadas para estar presentes de acuerdo con el artículo 86 estará compuesta por quince miembros, distribuidos proporcionalmente en función de los resultados obtenidos en las elecciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

4. Serán materias objeto de negociación en esta Mesa, con respeto a las competencias exclusivas de cada Administración Pública, todas las relacionadas en el artículo 89 del presente Estatuto que tengan carácter básico y las de carácter general relacionadas con sectores específicos.

2. Para la adopción y adecuada articulación en su caso de Pactos y Acuerdos en materias comunes al personal funcionario y laboral, en ámbitos descentralizados, se podrán constituir Órganos Paritarios, en los que participarán por la parte social las Organizaciones Sindicales representativas en el ámbito afectado, de conformidad con lo dispuesto en el punto 1 del presente artículo.

La celebración de la reunión no perjudicará la prestación de los servicios y los convocantes de la misma serán responsables de su normal desarrollo.

2. Corresponde a la Conferencia Sectorial de la Función Pública:

Corresponde al Consejo de la Función Pública:

2. Corresponde a la Comisión de Coordinación de la Función Pública:

La responsabilidad administrativa de las funciones de contabilidad, tesorería y recaudación podrá ser atribuida a miembros de la Corporación o, a personal de la misma, en aquellos supuestos excepcionales en que así se determine en desarrollo de la presente Ley.

2. Este personal se rige por la presente ley así como por la legislación estatal, correspondiendo al Gobierno efectuar el desarrollo reglamentario de su régimen jurídico.

Corresponde a la Administración General del Estado el ejercicio de las competencias relativas a selección, formación, nombramiento, provisión, a excepción de la libre designación, situaciones administrativas y registro.

4. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias para que sean cubiertos con personal debidamente capacitado los puestos de trabajo que requieran el conocimiento de dos lenguas oficiales.

La provisión de puestos se llevará a cabo por el procedimiento de concurso. En él, la Administración del Estado establecerá, hasta el 45 por 100 de la puntuación total, méritos generales sobre la experiencia, conocimientos profesionales, cursos de formación y perfeccionamiento, titulaciones y demás méritos que se consideren adecuados. Las Comunidades Autónomas podrán establecer, hasta el 30 por 100 de la puntuación, méritos acerca del conocimiento de régimen local y sobre materias relacionadas con las funciones desempeñadas por el personal de habilitación nacional, así como valorar el conocimiento de su lengua oficial en los términos previstos en su legislación. La Corporación en que se encuentre la vacante podrá establecer, hasta el 25 por 100 restante de la puntuación, atendiendo a la capacidad, experiencia profesional y conocimientos relacionados con el desempeño del puesto de los concursantes.

Las competencias de las respectivas Administraciones en los concursos para la provisión de puestos reservados a habilitados nacionales se determinaran reglamentariamente por la Administración del Estado.

5. En la Administración General del Estado existirá un Registro en el que deberán inscribirse, para su efectividad, todas las situaciones, méritos generales y otras incidencias de estos funcionarios.

6. Por necesidades del servicio, estos funcionarios podrán desempeñar, mediante acumulación,otros puestos de trabajo o plazas de plantilla a ellos reservados.

7. Los habilitados nacionales podrán hallarse, además de en las situaciones previstas en la presente Ley, en la de expectativa de nombramiento durante el tiempo en que no mantengan relación de servicio con Entidad Local u otra Administración Pública, salvo que se encuentren en otra situación administrativa. Asimismo pasarán a esta situación los habilitados nacionales procedentes de la situación de suspensión firme o destitución, una vez completada la sanción hasta tanto ocupen un puesto de trabajo.

Quienes se encuentren en situación de expectativa de nombramiento no devengarán retribuciones. El tiempo transcurrido en tal situación será computable a efectos de Seguridad Social, siempre que los funcionarios abonen a su cargo la cuota íntegra, incluida la correspondiente a la Entidad Local.

8. Es órgano competente para ordenar la apertura de expediente disciplinario a los funcionarios con habilitación de carácter nacional el Presidente de la Corporación. Excepcionalmente lo será el Delegado del Gobierno cuando se trate de faltas cometidas en Entidad Local distinta de aquélla en la que presten sus servicios.

Es órgano competente para la imposición de sanciones el Pleno de la Corporación, salvo en los supuestos de separación del servicio en que lo será el Delegado del Gobierno correspondiente.

9. De conformidad con la Disposición Adicional Primera de la Constitución y los artículos 10.4 y 37 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de Diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía del País Vasco, corresponde a las Instituciones Forales de los Territorios Históricos la facultad de convocar, exclusivamente para su territorio, los concursos a que se refiere la presente Disposición y efectuar los nombramientos consiguientes.

a) Sin perjuicio de las Mesas de Negociación previstas en el artículo 87 y de los órganos de negociación a que hace referencia el artículo 92 de esta Ley, podrá constituirse una Mesa de Negociación de las condiciones generales de trabajo que afecten conjuntamente a todas las Entidades Locales.

Los acuerdos adoptados en esta Mesa serán de aplicación al personal de cada Entidad Local, una vez suscrita la adhesión a los mismos por la Entidad Local afectada y la representación sindical correspondiente.

Las partes representadas en esta Mesa impulsarán la adhesión a estos acuerdos de aquellas Entidades Locales en que no exista representación sindical.

b) Mediante acuerdo de los Sindicatos y las Entidades Locales interesadas podrán crearse ámbitos de negociación que afecten a varias Entidades Locales.

b) Las materias de promoción, carrera profesional y condiciones de trabajo en los aspectos no regulados por normas de obligado cumplimiento.

La autorización de compatibilidad con una segunda actividad pública requiere informe favorable de la Administración a que corresponda el segundo puesto.

b) La resolución será motivada y se dictará en el plazo de cuatro meses si se trata de autorización para el desempeño de un segundo puesto o actividad en el sector público y de tres meses cuando se trate de actividades privadas. Transcurridos los indicados plazos sin que la resolución se hubiera producido se entenderá estimada la solicitud.

Las Asambleas de Ceuta y Melilla tendrán, además, las siguientes competencias:

2. Las Comunidades Autónomas podrán dictar la legislación de desarrollo de las bases anteriormente citadas en el marco de sus competencias.

3. En tanto se dicte la normativa básica de los indicados funcionarios públicos docentes, se estará a lo establecido en la disposición adicional novena de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

2. Las Comunidades Autónomas podrán dictar la legislación de desarrollo de las bases anteriormente citadas en el marco de sus competencias.

3. En tanto se dicte la normativa básica de los indicados funcionarios continuará siendo de aplicación el artículo 17 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica.

2. En tanto se dicte la normativa básica de los indicados funcionarios públicos docentes, se estará a lo establecido en el artículo 44.1 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.

3. Las Universidades públicas podrán celebrar contratos de naturaleza administrativa de colaboración temporal con aquellas clases de Profesores para las que esté autorizada, por norma con rango de Ley, la utilización de este régimen de contratación.

El Gobierno, previo informe del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y previa negociación con las Organizaciones Sindicales representativas según lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, remitirá a las Cortes el proyecto de dicho Estatuto Marco, de conformidad con la Ley 14/86, General de Sanidad, que regulará, con carácter de normativa básica, los aspectos esenciales de la relación de servicio del personal estatutario de las instituciones sanitarias públicas desarrollando los principios establecidos en esta Ley, adaptados a las específicas características del ejercicio de las profesiones sanitarias, de la organización del Sistema Nacional de Salud y del servicio sanitario-asistencial. La regulación se hará con estricto respeto a las competencias de ordenación de los recursos humanos de los respectivos Servicios de Salud que corresponden a las Comunidades Autónomas. En el citado Estatuto Marco se regulará la composición y funciones de la Mesa de Negociación del Sistema Nacional de Salud.

2. En tanto se dicta el Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud se estará a lo establecido en la disposición final que regula la entrada en vigor de la presente Ley.

En cualquier caso, durante dicho período se seguirán aplicando las normas actualmente vigentes en materia de clasificación de personal, modalidades de prestación del servicio, procedimientos de selección y provisión de plazas, regulación del personal directivo y su nombramiento, del personal interino, retribuciones, situaciones administrativas y régimen disciplinario; asimismo se mantendrán, en desarrollo del Capítulo XVIII de este Estatuto Básico, las Mesas Sectoriales de personal de Instituciones Sanitarias y el orden jurisdiccional competente según las materias de que se trate, todo ello sin perjuicio de las competencias propias de las Comunidades Autónomas para la regulación de tales materias.

2. El régimen de incompatibilidades previsto en el Capítulo XVI será de aplicación a:

4. Quedarán subsistentes o podrán establecerse incompatibilidades más rigurosas para personal determinado de acuerdo con la especial naturaleza de su función.

En los plazos que cada Administración establezca, se procederá a adjudicar a cada uno de los funcionarios al servicio de la correspondiente Administración Pública una categoría profesional de las propias de su Grupo profesional y a encuadrarlo en el puesto de trabajo que le corresponda, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del presente Estatuto.

b) De la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la Función Pública, los artículos 3.2, e) y f) 6; 7; 8; 11; 12; 13.2, 3 y 4; 14.4 y 5; 16; 17; 18.1 a 5; 19.1 y 3; 20.1, a), b) párrafo primero, c), e) y g) en sus párrafos primero a cuarto, 2 y 3; 21; 22.1 a excepción de los dos últimos párrafos; 23; 24; 25; 26; 29, a excepción del último párrafo de sus apartados 5, 6 y 7; 30.3; 31; 32; 33; disposiciones adicionales tercera, 2 y 3, cuarta y duodécima; disposiciones transitorias segunda, octava y novena.

c) La Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, excepto el artículo 17.1. y la disposición adicional quinta.

e) Del Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Título VII, la disposición transitoria quinta y las disposiciones finales sexta y séptima.

f) La Ley 9/1987, de Órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas, con la excepción contemplada en la disposición transitoria cuarta.

g) Todas las normas de igual o inferior rango, que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

2. Hasta que se dicten las referidas normas se mantendrán en vigor, en cada Administración Pública, las que actualmente regulan las materias correspondientes a dichos Capítulos, normas que de forma excepcional y con carácter transitorio podrán ser objeto de las modificaciones, de rango legal o reglamentario que en cada caso corresponda, que sean imprescindibles para el adecuado funcionamiento de la Función Pública de cada Administración.

3. Las normas actualmente vigentes que regulan el resto de las materias de Función Pública se mantendrán en vigor en tanto no se opongan a lo establecido en esta Ley o en las disposiciones que se dicten en su aplicación.