Reglamento de situaciones administrativas de los funcionarios civiles de
la Administración General del Estado
RD 365/1995, de 10 de marzo, BOE del 10 de abril.
Art. 1
Ambito de aplicación.
1. El presente Reglamento será de aplicación a los funcionarios
de la Administración general del Estado y sus Organismos autónomos
comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no serán
de aplicación a los funcionarios de los Cuerpos o Escalas en que
se ordena la función pública docente las disposiciones del
presente Reglamento relativas a las situaciones aludidas en el apartado
1, párrafo segundo de la disposición adicional decimoquinta
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, adicionado por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de Medidas
Fiscales, de Reforma del Régimen Jurídico de la Función
Pública y de la Protección por desempleo.
Art. 2
Situaciones administrativas.
Los funcionarios pueden hallarse en alguna de las siguientes situaciones
administrativas:
a) Servicio activo.
b) Servicios especiales.
c) Servicio en Comunidades Autónomas.
d) Expectativa de destino.
e) Excedencia forzosa.
f) Excedencia para el cuidado de hijos.
g) Excedencia voluntaria por servicios en el sector público.
h) Excedencia voluntaria por interés particular.
i) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
j) Excedencia voluntaria incentivada.
k) Suspensión de funciones.
Art. 3
Servicio activo.
Los funcionarios se hallan en situación de servicio activo:
a) Cuando desempeñen un puesto que, conforme a la correspondiente
relación de puestos de trabajo, esté adscrito a los funcionarios
comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
b) Cuando desempeñen puestos en las Corporaciones Locales o
las Universidades públicas que puedan ser ocupados por los funcionarios
comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
c) Cuando se encuentren en comisión de servicios.
d) Cuando presten servicios en puestos de trabajo de niveles incluidos
en el intervalo correspondiente a su Cuerpo o Escala en los Gabinetes de
la Presidencia del Gobierno, de los Ministros o de los Secretarios de Estado,
y opten por permanecer en esta situación, conforme al artículo
29.2.i) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública. Asimismo, cuando presten servicios en
puestos de niveles comprendidos en el intervalo correspondiente al Grupo
en el que figure clasificado su Cuerpo o Escala en Gabinetes de Delegados
del Gobierno o Gobernadores Civiles.
e) Cuando presten servicios en las Cortes Generales, de conformidad
con lo dispuesto en el Estatuto del Personal de las mismas o en el Tribunal
de Cuentas, y no les corresponda quedar en otra situación.
f) Cuando accedan a la condición de miembros de las Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autónomas y, no percibiendo retribuciones
periódicas por el desempeño de la función, opten por
permanecer en esta situación, conforme al artículo 29.2.g)
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.
q) Cuando accedan a la condición de miembros de las Corporaciones
Locales, conforme al régimen previsto por el artículo 74
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, salvo que desempeñen cargo retribuido y de dedicación
exclusiva en las mismas.
h) Cuando queden a disposición del Subsecretario, Director del
Organismo autónomo, Delegado del Gobierno o Gobernador Civil, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.2.b) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
i) Cuando cesen en un puesto de trabajo por haber obtenido otro mediante
procedimientos de provisión de puestos de trabajo, durante el plazo
posesorio.
j) Cuando se encuentren en las dos primeras fases de reasignación
de efectivos.
k) Cuando, por razón de su condición de funcionario exigida
por disposición legal, presten servicios en Organismos o Entes públicos.
l) En el supuesto de cesación progresiva de actividades.
Servicios especiales.
Los funcionarios públicos serán declarados en la situación
de servicios especiales:
a) Cuando sean autorizados para realizar una misión por período
determinado superior a seis meses en Organismos internacionales, Gobiernos
o Entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación
internacional.
b) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio
de Organizaciones internacionales o de carácter supranacional.
c) Cuando sean nombrados miembros del Gobierno o de los órganos
de gobierno de las Comunidades Autónomas o altos cargos de las respectivas
Administraciones públicas que no deban ser provistos necesariamente
por funcionarios públicos.
d) Cuando sean elegidos por las Cortes Generales para formar parte
de los Organos Constitucionales u otros cuya elección corresponda
a las Cámaras.
e) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional
o del Defensor del Pueblo o destinados al Tribunal de Cuentas, en los términos
previstos en el artículo 93.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, o
presten servicios en los Organos técnicos del Consejo General del
Poder Judicial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 146.3
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, modificada
por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre.
f) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las
Cortes Generales.
g) Cuando accedan a la condición de miembros de las Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autónomas, si perciben retribuciones
periódicas por el desempeño de la función.
Cuando no perciban dichas retribuciones podrán optar entre permanecer
en la situación de servicio activo o pasar a la de servicios especiales,
sin perjuicio de la normativa que dicten las Comunidades Autónomas
sobre incompatibilidades de los miembros de las Asambleas Legislativas.
h) Cuando desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación
exclusiva en las Corporaciones Locales.
i) Cuando presten servicios en puestos de trabajo de niveles incluidos
en el intervalo correspondiente a su Cuerpo y Escala, en los Gabinetes
de la Presidencia del Gobierno, de los Ministros o de los Secretarios de
Estado, y opten por pasar a esta situación, conforme al artículo
29.2.i) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. Asimismo, cuando presten servicios
en puestos de niveles no incluidos en el intervalo correspondiente al Grupo
en el que figure clasificado su Cuerpo o Escala en los Gabinetes de la
Presidencia del Gobierno, de los Ministros, Secretarios de Estado, Delegados
del Gobierno y Gobernadores Civiles.
j) Cuando sean nombrados para cualquier cargo de carácter político
del que se derive incompatibilidad para ejercer la función pública.
k) Cuando cumplan el servicio militar o prestación social sustitutoria
equivalente.
l) Cuando sean elegidos miembros del Parlamento Europeo.
m) Cuando ostenten la condición de Comisionados parlamentarios
de Comunidad Autónoma o Adjuntos de éstos, según lo
dispuesto en la Ley 36/1985, de 6 de noviembre, de prerrogativas y garantías
de las figuras similares al Defensor del Pueblo y régimen de colaboración
y coordinación de las mismas.
n) Cuando así se determine en una norma con rango de Ley.
Cargo de carácter político.
Para declarar el pase a la situación de servicios especiales
en el supuesto del apartado j) del artículo 29.2 de la Ley 30/1984
será necesario haber sido nombrado para el desempeño en el
sector público de un cargo de carácter político, entendiendo
por tal el cargo de confianza que no implique una relación profesional
de carácter permanente, del que se derive incompatibilidad para
ejercer la función pública y que, conforme a los criterios
que establezca el Ministerio para las Administraciones Públicas,
conlleve responsabilidades directivas o asesoramiento a nivel político.
Art. 6
Declaración de la situación de servicios especiales.
1. El pase a la situación de servicios especiales se declarará
de oficio o a instancia del interesado, una vez verificado el supuesto
que la ocasione, con efectos desde el momento en que se produjo.
2. En el supuesto previsto en el artículo 4.a) de este Reglamento,
la autorización para realizar la misión de carácter
internacional requerirá que conste el interés de la Administración,
conforme a los criterios que establezca el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Reserva de puestos de trabajo.
1. A los funcionarios que se hallen en situación de servicios
especiales, procedentes de la situación de servicio activo, se les
asignará, con ocasión del reingreso un puesto de trabajo,
según los siguientes criterios y conforme al procedimiento que establezca
el Ministerio para las Administraciones Públicas:
a) Cuando el puesto de trabajo desempeñado con anterioridad
hubiere sido obtenido mediante el sistema de libre designación,
se les adjudicará, con carácter provisional, en tanto no
obtengan otro con carácter definitivo, un puesto de igual nivel
y similares retribuciones en el mismo municipio.
b) En los restantes casos, se les adjudicará, con carácter
definitivo, un puesto de igual nivel y similares retribuciones en el mismo
Ministerio y municipio.
2. Cuando se hubiere accedido a la situación de servicios especiales
desde situaciones que no conllevan el desempeño o reserva de puesto
de trabajo no habrá lugar a la reserva de puesto de trabajo, sin
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo
23 de este Reglamento.
Efectos de la situación de servicios especiales.
1. Los funcionarios en la situación de servicios especiales
recibirán la retribución del puesto o cargo efectivo que
desempeñen y no la que les corresponda como funcionarios. Excepcionalmente,
y cuando las retribuciones por los trienios que tuviesen reconocidos no
pudieran, por causa legal, ser percibidas con cargo a los correspondientes
presupuestos, deberán ser retribuidos en tal concepto por el Departamento
en el que desempeñaban su último puesto de trabajo en situación
de servicio activo.
Asimismo, de darse estas circunstancias, respecto al abono de la cuota
de Seguridad Social, deberá ser efectuado dicho abono por el referido
Departamento.
2. A los funcionarios en situación de servicios especiales se
les computará el tiempo que permanezcan en tal situación,
a efectos de ascensos, consolidación de grado personal, trienios
y derechos pasivos, así como a efectos del cómputo del período
mínimo de servicios efectivos para solicitar el pase a la situación
de excedencia voluntaria por interés particular.
Art. 9
Solicitud de reingreso al servicio activo.
1. Quienes pierdan la condición, en virtud de la cual hubieran
sido declarados en la situación de servicios especiales deberán
solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo de un mes, declarándoseles,
de no hacerlo en la situación de excedencia voluntaria por interés
particular, con efectos desde el día en que perdieron aquella condición.
El reingreso tendrá efectos económicos y administrativos
desde la fecha de solicitud del mismo cuando exista derecho a la reserva
de puesto.
2. Los Diputados, Senadores, miembros de las Asambleas Legislativas
de las Comunidades Autónomas o del Parlamento Europeo que pierdan
dicha condición por disolución de las correspondientes Cámaras
o terminación del mandato de las mismas podrán permanecer
en situación de servicios especiales hasta su nueva constitución.
Art. 10
Funcionarios transferidos.
1. Los funcionarios transferidos a las Comunidades Autónomas
se integran plenamente en la organización de las mismas y su situación
administrativa es la de servicio activo en ellas.
En los Cuerpos o Escalas de la Administración del Estado de
los que procedieran permanecerán en la situación administrativa
especial de servicio en Comunidades Autónomas, que les permitirá
mantener todos sus derechos como si se hallaran en servicio activo, de
acuerdo con lo establecido en los respectivos Estatutos de Autonomía.
2. No obstante, la sanción de separación del servicio
será acordada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma,
previo dictamen del Consejo de Estado, sin perjuicio de los informes que
previamente deban solicitar éstas de acuerdo con lo previsto en
su legislación específica.
Art. 11
Funcionarios destinados a Comunidades Autónomas por otros procedimientos.
1. Los funcionarios de la Administración del Estado que, mediante
los sistemas de concurso, libre designación o reasignación
de efectivos en los términos de los convenios que a tal efecto puedan
suscribirse, pasen a ocupar puestos de trabajo en las Comunidades Autónomas
se someterán al régimen estatutario y les será de
aplicación la legislación en materia de Función Pública
de la Comunidad Autónoma en que estén destinados, pero conservarán
su condición de funcionarios de la Administración del Estado
en la situación de servicio en Comunidades Autónomas.
2. En todo caso les serán aplicables las normas relativas a
promoción profesional, promoción interna, régimen
retributivo, situaciones administrativas, incompatibilidades y régimen
disciplinario de la Administración pública en que se hallen
destinados, con excepción de la sanción de separación
del servicio, que se acordará por el Ministro del Departamento al
que esté adscrito el Cuerpo o Escala al que pertenezca el funcionario,
previa incoación de expediente disciplinario por la Administración
de la Comunidad Autónoma de destino.
Art. 12
Expectativa de destino.
1. Los funcionarios afectados por un procedimiento de reasignación
de efectivos, que no hayan obtenido puesto en las dos primeras fases previstas
en el apartado g) del artículo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, pasarán
a la situación de expectativa de destino. Los funcionarios en expectativa
de destino se adscribirán al Ministerio para las Administraciones
Públicas, a través de relaciones específicas de puestos
en reasignación, pudiendo ser reasignados por éste en los
términos establecidos en el mencionado artículo.
2. Los funcionarios permanecerán en esta situación un
período máximo de un año, transcurrido el cual pasarán
a la situación de excedencia forzosa.
3. Los funcionarios en situación de expectativa de destino estarán
obligados a aceptar los puestos de características similares a los
que desempeñaban que se les ofrezcan en la provincia donde estaban
destinados; a participar en los concursos para la provisión de puestos
de trabajo adecuados a su Cuerpo, Escala o Categoría que les sean
notificados, situados en dichas provincias de destino, así como
a participar en los cursos de capacitación a los que se les convoque,
promovidos o realizados por el Instituto Nacional de Administración
Pública y los Centros de formación reconocidos.
A efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderán
como puestos de similares características aquellos que guarden similitud
en su forma de provisión y retribuciones respecto al que se venía
desempeñando.
El incumplimiento de estas obligaciones determinará el pase
a la situación de excedencia forzosa.
4. Corresponde a la Secretaría de Estado para la Administración
Pública efectuar la declaración y cese en esta situación
administrativa y la gestión del personal afectado por la misma.
5. Los funcionarios en expectativa de destino percibirán las
retribuciones básicas, el complemento de destino del grado personal
que les corresponda, o en su caso, el del puesto de trabajo que desempeñaban,
y el 50 por 100 del complemento específico que percibieran al pasar
a esta situación.
A los restantes efectos, incluido el régimen de incompatibilidades,
esta situación se equipara a la de servicio activo.
13. Excedencia forzosa.
1. La excedencia forzosa se produce por las siguientes causas:
a) Para los funcionarios en situación de expectativa de destino,
por el transcurso del período máximo establecido para la
misma, o por el incumplimiento de las obligaciones determinadas en el párrafo
segundo del apartado 5 del artículo 29 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
b) Cuando el funcionario declarado en la situación de suspensión
firme, que no tenga reservado puesto de trabajo, solicite el reingreso
y no se le conceda en el plazo de seis meses contados a partir de la extinción
de la responsabilidad penal o disciplinaria, en los términos establecidos
en el artículo 22 de este Reglamento.
2. En el supuesto contemplado en el párrafo a) del apartado
anterior, el reingreso obligatorio deberá ser en puestos de características
similares a las de los que desempeñaban los funcionarios afectados
por el proceso de reasignación de efectivos. Estos funcionarios
quedan obligados a participar en los cursos de capacitación que
se les ofrezcan y a participar en los concursos para puestos adecuados
a su Cuerpo, Escala o Categoría, que les sean notificados.
3. Los restantes excedentes forzosos estarán obligados a participar
en los concursos que se convoquen para la provisión de puestos de
trabajo cuyos requisitos de desempeño reúnan y que les sean
notificados, así como a aceptar el reingreso obligatorio al servicio
activo en puestos correspondientes a su Cuerpo o Escala.
4. El incumplimiento de las obligaciones recogidas en este artículo
determinará el pase a la situación de excedencia voluntaria
por interés particular.
5. Los excedentes forzosos no podrán desempeñar puestos
de trabajo en el sector público bajo ningún tipo de relación
funcionarial o contractual, sea ésta de naturaleza laboral o administrativa.
Si obtienen puesto de trabajo en dicho sector pasarán a la situación
de excedencia voluntaria regulada en el apartado 3.a) del artículo
29 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública.
6. Los funcionarios en esta situación tendrán derecho
a percibir las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones
familiares por hijo a cargo, así como al cómputo del tiempo
en dicha situación a efectos de derechos pasivos y de trienios.
7. Corresponde a la Secretaría de Estado para la Administración
Pública acordar la declaración de la excedencia forzosa prevista
en el párrafo a) del apartado 1 de este artículo, y, en su
caso, el pase a la excedencia voluntaria por interés particular
y la excedencia voluntaria regulada en el apartado 3.a) del artículo
29 de la Ley 30/1984 de estos excedentes forzosos, así como la gestión
del personal afectado. La declaración de excedencia forzosa prevista
en el párrafo b) del apartado 1 y, en su caso, la de excedencia
voluntaria por interés particular o por prestación de otros
servicios en el sector público de estos excedentes forzosos, corresponderá
a los Departamentos ministeriales en relación con los funcionarios
de los Cuerpos o Escalas adscritos a los mismos, y a la Dirección
General de la Función Pública en relación con los
funcionarios de los Cuerpos y Escalas adscritos al Ministerio para las
Administraciones Públicas y dependientes de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública.
Excedencia para el cuidado de hijos.
1. Los funcionarios tendrán derecho a un período de excedencia
para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza
como por adopción. Cuando el padre y la madre trabajen, sólo
uno de ellos podrá ejercitar este derecho.
La excedencia podrá solicitarse en cualquier momento posterior
a la fecha del nacimiento o resolución judicial de adopción,
teniendo, en todo caso, una duración máxima de tres años
desde la fecha del nacimiento. La concesión de esta excedencia se
hará previa declaración del peticionario de que no desempeña
actividad que pueda impedir o menoscabar el cuidado personal del hijo menor.
Cada sucesivo hijo dará derecho a un nuevo período de
excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando.
2. Los funcionarios en esta situación tendrán derecho
a la reserva del puesto de trabajo y a su cómputo a efectos de trienios,
consolidación de grado personal, derechos pasivos y solicitud de
excedencia voluntaria por interés particular, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley que regula esta figura.
3. Si antes de la finalización del período de excedencia
por cuidado de hijos no solicita el reingreso al servicio activo, el funcionario
será declarado de oficio en la situación de excedencia voluntaria
por interés particular.
4. A efectos de lo dispuesto en este artículo, el acogimiento
de menores producirá los mismos efectos que la adopción durante
el tiempo de duración del mismo.
Art. 15
Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.
1. Procederá declarar, de oficio o a instancia de parte, en
la situación regulada en este artículo a los funcionarios
que se encuentren en servicio activo en otro Cuerpo o Escala de cualquiera
de las Administraciones Públicas, salvo que hubieran obtenido la
oportuna compatibilidad, y a los que pasen a prestar servicios en Organismos
o Entidades del sector público y no les corresponda quedar en las
situaciones de servicio activo o servicios especiales.
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, deben considerarse
incluidas en el sector público aquellas empresas controladas por
las Administraciones Públicas por cualquiera de los medios previstos
en la legislación mercantil, y en las que la participación
directa o indirecta de las citadas Administraciones Públicas sea
igual o superior al porcentaje legalmente establecido.
2. La declaración de excedencia voluntaria por prestación
de servicios en el sector público procederá también
en el caso de los funcionarios del Estado integrados en la función
pública de las Comunidades Autónomas que ingresen voluntariamente
en Cuerpos o Escalas de funcionarios propios de las mismas distintos a
aquellos en que inicialmente se hubieran integrado.
3. Los funcionarios podrán permanecer en esta situación
en tanto se mantenga la relación de servicios que dio origen a la
misma. Una vez producido el cese en ella deberán solicitar el reingreso
al servicio activo en el plazo máximo de un mes, declarándoseles,
de no hacerlo, en la situación de excedencia voluntaria por interés
particular.
Art. 16
Excedencia voluntaria por interés particular.
1. La situación de excedencia voluntaria por interés
particular se declarará a petición del funcionario o, de
oficio, en los supuestos establecidos reglamentariamente.
2. Para solicitar la declaración de la situación de excedencia
voluntaria por interés particular será preciso haber prestado
servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas
durante los cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud.
3. Cada período de excedencia tendrá una duración
no inferior a dos años continuados ni superior a un número
de años equivalente a los que el funcionario acredite haber prestado
en cualquiera de las Administraciones Públicas, con un máximo
de quince.
4. En las resoluciones por las que se declare esta situación
se expresará el plazo máximo de duración de la misma.
La falta de petición de reingreso al servicio activo dentro de dicho
plazo comportará la pérdida de la condición de funcionario.
5. La concesión de esta excedencia quedará, en todo caso,
subordinada a las necesidades del servicio. No podrá declararse
a solicitud del funcionario cuando al mismo se le instruya expediente disciplinario.
Cuando el funcionario pertenezca a un Cuerpo o Escala que tenga reservados
puestos en exclusiva, se dará conocimiento de las resoluciones de
concesión de excedencia voluntaria por interés particular
al Ministerio a que esté adscrito dicho Cuerpo o Escala.
6. La solicitud de reingreso al servicio activo condicionada a puestos
o municipios concretos de funcionarios procedentes de esta situación
no interrumpirá el cómputo del plazo máximo de duración
de la misma.
Art. 17
Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
1. Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación
familiar, con una duración mínima de dos años y máxima
de quince, a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otro municipio
por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de
carácter definitivo, como funcionario de carrera o como laboral,
en cualquier Administración pública, Organismo autónomo
o Entidad Gestora de la Seguridad Social, así como en Organos Constitucionales
o del Poder Judicial.
2. Antes de finalizar el período de quince años de duración
de esta situación deberá solicitarse el reingreso al servicio
activo, declarándose, de no hacerlo, de oficio la situación
de excedencia voluntaria por interés particular.
Art. 18
Excedencia voluntaria incentivada.
1. Los funcionarios afectados por un proceso de reasignación
de efectivos que se encuentren en alguna de las dos primeras fases a que
hace referencia el artículo 20.1.g) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
podrán ser declarados, a su solicitud, en situación de excedencia
voluntaria incentivada.
2. Asimismo, quienes se encuentren en las situaciones de expectativa
de destino o de excedencia forzosa como consecuencia de la aplicación
de un Plan de Empleo tendrán derecho a pasar, a su solicitud, a
dicha situación.
3. Corresponde a la Secretaría de Estado para la Administración
Pública acordar la declaración de esta situación.
4. La excedencia voluntaria incentivada tendrá una duración
de cinco años e impedirá desempeñar puestos de trabajo
en el sector público, bajo ningún tipo de relación
funcionarial o contractual, sea ésta de naturaleza laboral o administrativa.
Si no se solicita el reingreso al servicio activo dentro del mes siguiente
al de la finalización del período aludido, el Departamento
ministerial al que esté adscrito el Cuerpo o Escala del funcionario
le declarará en excedencia voluntaria por interés particular.
5. Quienes pasen a la situación de excedencia voluntaria incentivada
tendrán derecho a una mensualidad de las retribuciones de carácter
periódico, excluidas las pagas extraordinarias y el complemento
de productividad, devengadas en el último puesto de trabajo desempeñado,
por cada año completo de servicios efectivos y con un máximo
de doce mensualidades.
Art. 19
Efectos de la excedencia voluntaria.
Las distintas modalidades de excedencia voluntaria no producen, en
ningún caso, reserva de puesto de trabajo y los funcionarios que
se encuentren en las mismas no devengarán retribuciones, salvo lo
previsto en el apartado 5 del artículo anterior. No será
computable el tiempo permanecido en esta situación a efectos de
promoción, trienios y derechos pasivos.
Art. 20
Suspensión de funciones.
1. La situación de suspensión de funciones podrá
ser provisional o firme.
2. El funcionario declarado en suspensión firme de funciones
deberá pasar a dicha situación en todos los Cuerpos o Escalas
incluidos en el ámbito de aplicación de este Reglamento a
los que pertenezca, a cuyo fin el órgano que acuerde la declaración
de esta situación deberá poner ésta en conocimiento
de los Departamentos ministeriales a que dichos Cuerpos o Escalas estén
adscritos.
Art. 21
Suspensión provisional.
1. La suspensión provisional podrá acordarse preventivamente
durante la tramitación de un procedimiento judicial o disciplinario.
2. Si durante la tramitación de un procedimiento judicial se
decreta la prisión provisional de un funcionario u otras medidas
que determinen la imposibilidad de desempeñar su puesto de trabajo,
se le declarará en suspensión provisional por el tiempo a
que se extiendan dichas medidas.
3. La suspensión provisional como medida preventiva durante
la tramitación de un expediente disciplinario podrá ser acordada
por la autoridad que ordenó la incoación del expediente,
no pudiendo exceder esta suspensión de seis meses, salvo en caso
de paralización del procedimiento imputable al interesado.
4. El suspenso provisional tendrá derecho a percibir el 75 por
100 de su sueldo, trienios y pagas extraordinarias, así como la
totalidad de la prestación económica por hijo a cargo, excepto
en caso de paralización del expediente imputable al interesado,
que comportará la pérdida de toda retribución mientras
se mantenga dicha paralización. Asimismo, no se acreditará
haber alguno en caso de incomparecencia en el procedimiento disciplinario
o proceso penal.
5. Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de
duración de la misma se computará como de servicio activo,
debiendo acordarse la inmediata incorporación del funcionario a
su puesto de trabajo, con reconocimiento de los derechos económicos
y demás que procedan desde la fecha de efectos de la suspensión.
Art. 22
Suspensión firme.
1. La suspensión tendrá carácter firme cuando
se imponga en virtud de condena criminal o sanción disciplinaria.
La condena y la sanción determinarán la pérdida del
puesto de trabajo, excepto cuando la suspensión firme no exceda
de seis meses.
2. En tanto no transcurra el plazo de suspensión de funciones
no procederá ningún cambio de situación administrativa.
3. El funcionario que haya perdido su puesto de trabajo como consecuencia
de condena o sanción deberá solicitar el reingreso al servicio
activo con un mes de antelación a la finalización del período
de duración de la suspensión. Dicho reingreso tendrá
efectos económicos y administrativos desde la fecha de extinción
de la responsabilidad penal o disciplinaria.
4. De no solicitarse el reingreso en el tiempo señalado en el
párrafo anterior, se le declarará, de oficio, en la situación
de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde
la fecha de finalización de la sanción.
5. Si una vez solicitado el reingreso al servicio activo no se concede
en el plazo de seis meses, el funcionario será declarado, de oficio,
en la situación de excedencia forzosa prevista en el artículo
13.1.b) con efectos de la fecha de extinción de la responsabilidad
penal o disciplinaria.
Requisitos y efectos.
1. Los cambios de situaciones administrativas deberán ser siempre
comunicados al Registro Central de Personal y podrán tener lugar,
siempre que se reúnan los requisitos exigidos en cada caso, sin
necesidad del reingreso previo al servicio activo.
2. En el supuesto de que la nueva situación conlleve el derecho
a la reserva de un puesto de trabajo, los funcionarios podrán participar
en convocatorias de concurso para la provisión de puestos de trabajo,
permaneciendo en la situación que corresponda, y reservándoseles
un puesto de igual nivel y similares retribuciones a las del puesto obtenido
en el mismo Ministerio y Municipio.
DA1
Funcionarios de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones
Locales con destino en la Administración General del Estado.
Los funcionarios públicos de las Comunidades Autónomas
y de las Corporaciones Locales que pasen a prestar servicios a la Administración
General del Estado se someterán a lo establecido en la normativa
de función pública de ésta, excepto en lo que hace
referencia a la separación del servicio, que se regirá por
lo previsto en sus disposiciones específicas.
DA2
Funcionarios de la Administración General del Estado destinados
en Corporaciones Locales.
Los funcionarios de la Administración General del Estado que
pasen a ocupar puestos de trabajo en las Corporaciones Locales quedarán
sometidos a lo dispuesto en el artículo 92.1 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, y a la legislación sobre función pública
aplicable en la Administración Local en todo lo referente a su relación
de servicios con la respectiva Entidad o Corporación, sin perjuicio
de la sanción de separación del servicio, que será
acordada por el Ministro del Departamento a que esté adscrito en
cada caso el Cuerpo o Escala del funcionario, previa incoación de
expediente disciplinario por la Corporación Local.
DA3
Personal destinado en Organos Constitucionales.
Lo dispuesto en el presente Reglamento se entiende sin perjuicio de
lo establecido en las disposiciones reguladoras de los Organos Constitucionales
respecto al personal de la Administración General del Estado destinado
en los mismos.
DA4
Funcionarios docentes universitarios y personal funcionario propio de las
Universidades.
Los funcionarios docentes universitarios se regirán por lo dispuesto
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado
universitario, en cuanto haga referencia a situaciones administrativas,
siéndoles de aplicación el presente Reglamento en lo no previsto
en el citado Real Decreto.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44.2 y 49.4 de la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
la competencia en materia de situaciones administrativas de los funcionarios
docentes que desempeñen sus funciones en las Universidades y de
los pertenecientes a Escalas de Administración y Servicios propias
de las mismas, corresponden al Rector.
DA5
Cesación progresiva de actividades.
1. Corresponde a los Subsecretarios de los Ministerios, respecto a
los funcionarios destinados en los Servicios Centrales, Organismos autónomos
y demás Entidades dependientes de los mismos y a los Delegados del
Gobierno y Gobernadores Civiles, en relación con los funcionarios
destinados en servicios periféricos de ámbito regional y
provincial, respectivamente, la concesión, a solicitud del funcionario,
de reducción de su jornada de trabajo, en las circunstancias señaladas
en el artículo 30.4 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.
En el ámbito del Ministerio de Defensa esta competencia debe
entenderse referida al Secretario de Estado de Administración Militar.
2. La concesión de jornada reducida estará condicionada
a las necesidades del servicio y será efectiva por un período
de seis meses a partir del primer día del mes siguiente a la fecha
en que se conceda, renovándose automáticamente por períodos
semestrales hasta la jubilación del funcionario, salvo que éste
solicite volver al régimen de jornada anterior, con aviso previo
de un mes a la finalización de su régimen de jornada reducida.
Los períodos y plazos de tiempo anteriores no serán exigibles
en el caso de reducción de jornada solicitada y obtenida, de manera
temporal, por aquellos funcionarios que la precisen en procesos de recuperación,
por razón de enfermedad.
3. La duración de la jornada de trabajo reducida podrá
ser igual a la mitad o a los dos tercios de la establecida con carácter
general, a elección del funcionario, recibiendo éste una
retribución equivalente al 60 por 100 y 80 por 100, respectivamente,
del importe de las retribuciones básicas derivadas del Grupo de
pertenencia y de los complementos de destino y específico correspondientes
al puesto que desempeña.
4. Los funcionarios acogidos a la cesación progresiva de actividades,
con reducción de jornada y retribuciones, incluidos en el Régimen
de Clases Pasivas, experimentarán la reducción de la cuota
de derechos pasivos y la minoración del haber regulador que sirva
de base para su cálculo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
23.1 y 30.4 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado,
aprobado por Real Decreto legislativo 670/1987, de 30 de abril. Igual tratamiento
se dará a las cuotas de las correspondientes Mutualidades de Funcionarios.
5. Los funcionarios, en iguales circunstancias, incluidos en el Régimen
de la Seguridad Social, experimentarán en su base de cotización
la reducción derivada de la minoración de sus retribuciones,
de conformidad con lo establecido en las disposiciones que les sean de
aplicación.
DA6
Procedimientos en materia de gestión de personal.
En materia de actos presuntos y de plazos para la resolución
de los procedimientos administrativos de gestión de personal serán
de aplicación las disposiciones contenidas en el Real Decreto 1777/1994,
de 5 de agosto de adecuación de las normas reguladoras de los procedimientos
de gestión de personal a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
DT1
Excedencia voluntaria de la disposición transitoria octava de la
Ley 30/1984.
Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria concedida
al amparo de lo previsto en el apartado 6 de la disposición transitoria
octava de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, gozarán de preferencia
para el reingreso, una vez transcurrido el plazo mínimo de cinco
años, respecto de los que se encuentren en las demás modalidades
de dicha situación. Gozarán, asimismo, y por una sola vez,
de preferencia para obtener un puesto en el Ministerio y municipio de procedencia.
DT2
Cómputo de plazos de la excedencia voluntaria por interés
particular.
Los funcionarios que el 1 de enero de 1994 se encontraran en la situación
de excedencia voluntaria por interés particular podrán permanecer
en ella hasta que transcurran, como máximo, quince años contados
del siguiente modo:
a) A partir del 23 de agosto de 1984, si la excedencia les fue concedida
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.
b) Desde la fecha del pase a dicha situación, si la excedencia
les fue concedida con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley expresada.
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